El PP acusa a la Fiscalía de poner 'zancadillas' a la jueza de los ERE

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha acusado a la Fiscalía Anticorrupción de poner «zancadillas diarias» y de «obstruir» la acción de la juez de Instrucción del juzgado número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, sobre la investigación del caso de las irregularidades detectadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE), tramitados por el Gobierno andaluz.

El pasado martes la Fiscalía Anticorrupción instó a la juez Alaya a «declinar» su jurisdicción «en el único extremo de no reclamar la entrega de las actas» de los Consejos de Gobierno desde 2001 hasta la actualidad, sustituyendo este requerimiento por el de certificación acreditativa de los acuerdos adoptados expedida por el secretario de dicho órgano de gobierno.

En una entrevista concedida a Europa Press, Sanz ha indicado que la actitud adoptada por la Fiscalía Anticorrupción «de obstrucción de la justicia» coincide con la de la Junta y el PSOE. «Ha existido una falta total de transparencia y colaboración, con lo que nos tememos que la estrategia de la Fiscalía es una estrategia puesta al servicio no de la investigación y sí de intentar controlar la labor de la juez», ha añadido.

En esta línea, se ha preguntado si es normal que se ponga al frente de la investigación de la Fiscalía a un representante «que ha recusado a la juez que lleva el caso». Por ello, opinó que si alguien pensó que la entrada de la Fiscalía en este caso era «una garantía, no iba por el camino correcto». A su juicio, lo que hay es «un paso más en la desesperación de los socialistas de intentar controlar a la juez».

Tras asegurar que el PSOE está «muy equivocado al creer que el juzgado es el Parlamento», el dirigente 'popular' dijo que «una cosa es que al PP le niegue la investigación y la información y otra distinta es que la Junta pueda salirse con la suya en no darle información a la juez». Por ello, señaló que cada día que pasa sin que la juez pueda acceder a las actas de los Consejos de Gobierno «la Junta es más culpable».

Para Sanz, el caso de los ERE va camino de convertirse «en la madre de todas las corrupciones en Andalucía», y añadió que «no es descartable» que se haya podido haber una financiación ilegal por parte del PSOE-A. «Ya hay puntos que centran responsabilidades dentro del PSOE: las grabaciones que originaron el inicio del caso Mercasevilla o que el dinero de los intrusos haya ido destinado a financiar sedes del PSOE», apostilló.

El 'número dos' del PP andaluz destacó que el caso de los ERE puede afectar a nueve consejeros y al Consejo de Gobierno «con Chaves y Griñán a la cabeza».

Por otra parte, el secretario general del PP-A, dijo que es «una indecencia y una indignidad» para el Parlamento de Andalucía que el diputado andaluz del PSOE por Sevilla Ramón Díaz «esté manchado hasta las cejas» por el presunto caso de corrupción en el fraude de los ERE después de que el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero declarara que Díaz y él negociaron el ERE de 'Saldauto', y «permanezca un minuto más con el acta de diputado», por lo que pidió su dimisión «inmediata».

Sanz exigió al PSOE que expulse al diputado del PSOE «tal y como se prometió a hacer con cualquier implicado en el caso de los ERE», y tal y como han hecho con Guerrero.