Empleo, el talón de Aquiles de Griñán

La gestión en la Consejería de Empleo en la última década va camino de convertirse en el talón de Aquiles de la presidencia de Griñán y, por ende, de las expectativas electorales del PSOE. Todos los escándalos que le han rozado en el último año vienen de esta consejería, clave en las políticas estrella de los socialistas en una comunidad atenazada por el crecimiento del paro (cerca de 1.100.000 personas). Todo empezó hace un año con un delegado de Empleo en Sevilla imputado en la investigación de un supuesto soborno. Le siguió la dimisión de Rafael Velasco en octubre por las subvenciones de Empleo a la empresa de su mujer para cursos. El caso de los intrusos en los ERE descubierto en diciembre elevó la gestión en esta consejería a escándalo nacional y el pasado viernes se destapó un nuevo fraude relacionado con este departamento, el de las subvenciones a empresas con fondos europeos.

El PP siempre criticó a Griñán porque tardase seis meses en destituir al ex delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, tras ser llamado a declarar como imputado por el supuesto soborno a unos empresarios sevillanos por parte de directivos de Mercasevilla. Estos le pidieron 450.000 euros por la concesión de una escuela de hostelería y en su declaración ante la policía implicaron a Rivas. El soborno fue denunciado por la Junta a la fiscalía, pero fue el PP el que acusó a Rivas. El fiscal solicitó el pasado mes una sanción de 900.000 euros y 21 meses de inhabilitación para Rivas y para los ex directivos de Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce. Este fue el primer proceso del 'caso Mercasevilla', del que luego derivó la investigación del fraude en los ERE. Rivas fue obligado hace una semana a dejar su cargo de secretario de Empleo en el PSOE sevillano y ha sido suspendido de militancia. El PSOE sigue teniendo dudas sobre su posible relación con el soborno, que él niega. Pero en uno de los ERE fraudulentos se han detectado a dos concuñados suyos como infiltrados.

Con Rivas, imputado desde junio de 2009 por la jueza, comenzó a colocarse el foco sobre la gestión de Empleo. En abril de 2010 Griñán sacó del Gobierno a Antonio Fernández, consejero de Empleo desde 2005. Le sustituyó Manuel Recio. Fernández dejó también su escaño de diputado en diciembre.

Rafael Velasco dimitió como vicesecretario general del PSOE y diputado autonómico el 27 de octubre de manera sorpresiva. No aguantó la presión tras revelarse en la prensa que la empresa de su mujer, Aula Cinco, había recibido cerca de 730.000 euros de subvenciones de la Consejería de Empleo en cuatro años para cursos de formación a desempleados. La oposición, especialmente el PP, arremetió con la entonces mano derecha de Griñán, aunque nunca se dedujo ninguna ilegalidad en este caso. El Parlamento ha emitido esta semana un informe en el que confirma que Velasco no tenía obligación de incluir en su declaración de bienes como diputado la gestión empresarial de su mujer y tampoco las subvenciones que esta recibía de la Junta. Por este asunto, el PP arremetió duramente contra el diputado.

La dimisión de Velasco abrió una crisis interna en el PSOE andaluz sin precedentes en años, la primera de Griñán, que se vio obligado a hacer cambios pocos meses después del congreso extraordinario que le aupó a la secretaría general. El ascenso de Susana Díaz fue consecuencia de ello.

Griñán no se había repuesto del susto de Velasco cuando dos meses después salió a la luz los primeros infiltrados en el ERE de Mercasevilla, entre ellos un ex dirigente del PSOE en Baeza, Antonio Garrido Santoyo. Fue el aviso del 'tsunami', como lo llama el PP, que se le iba a venir encima a Griñán. Tras interrogar como imputados a doce personas, la policía judicial elevó a la jueza Mercedes Ayala un atestado en el que señalaba la posible existencia de una trama para infiltrar en el listado de prejubilados de expedientes de regulación de empresas a personas que nunca habían trabajado en ellas. La jueza aún no ha imputado a nadie, pero sí ha ordenado a la policía recabar toda la documentación de los ERE subvencionados por la Junta en la última década y que afectan a más de 25.000 personas, 6.096 de ellas siguen cobrando prejubilaciones. También ha reclamado a la Consejería de Empleo numerosa documentación sobre el uso del fondo de Empleo para prejubilaciones y empresas en crisis en la última década, 647 millones de euros.

Griñán ordenó a la Consejería de Empleo una investigación interna. Hasta ahora Empleo ha revisado 70 expedientes, en los que ha encontrado 73 «discordancias» o posibles infiltrados en 21 empresas. Entre los intrusos hay ocho militantes socialistas, la mayoría de Sevilla, entre ellos un ex alcalde de El Pedroso, un ex delegado de Trabajo de la Junta, el marido de una concejala en Camas. También hay un edil de Izquierda Unida de Almonte en el ERE de Egmasa. La Junta ha remitido esta información y la de 130 ayudas a empresas, algunas relacionadas con dirigentes socialistas, y 13 ayuntamientos, casi todos sevillanos y gobernados por el PSOE.

La Junta ciñe la responsabilidad de la gestión de los ERE fraudulentos al ex director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, aunque reconoce que en tiempos de su sucesor, Juan Márquez, también se han hallado intrusos en algún ERE. Guerrero no está imputado, pero en declaraciones a la prensa ha admitido su conocimiento de los intrusos en los ERE. Él mismo incluyó a su suegra en uno.

El caso de los ERE ha cuestionado como ningún otro la efectividad de los sistemas de control de la Junta del dinero que da para crear empleo o auxiliar a los que lo pierden. Pero otro escándalo relacionado con la creación de empleo en Andalucía puede ahondar en esa falta de vigilancia. Se trata de la investigación de la Fiscalía del TSJA y la Guardia Civil sobre el posible fraude de empresas que recibieron dinero de los fondos europeos para crear trabajo y despidieron a sus empleados poco después de cobrar la subvención. Hay empresas con posibles fraudes en subvenciones en todas las provincias andaluzas salvo Huelva. Las ayudas eran tramitadas por la Junta y el Ministerio de Trabajo, pero la Inspección de Trabajo no detectó las anomalías. La justicia deberá dilucidar si la dejación de funciones corresponde a uno o a otro.