El mantenimiento del alumbrado público se resentirá a partir del día 21

Los trabajadores de la UTE (Unión Temporal de Empresas) encargada del mantenimiento del alumbrado público son otros tantos de los damnificados por las deudas que arrastra el Ayuntamiento con sus concesionarias. En este caso, se trata de casi una veintena de empleados que no han cobrado la nómina de enero y que han decidido dar de plazo a la empresa hasta el jueves, fecha en la que los responsables de Auditel y Editec, que conforman la UTE, deberán sentarse a evaluar la situación.

Si en estos días la plantilla no ha cobrado, emprenderá una huelga los días 21, 22 y 23 de febrero que puede traer importantes consecuencias para los ciudadanos. Como explicó ayer el presidente del comité de empresa, Antonio Ortega, el impago municipal ha ido mermando poco a poco la calidad del servicio porque se ha dejado de comprar materiales y se han sucedido las averías.

Con la huelga de trabajadores, las barriadas más nuevas de la ciudad podrían quedarse a oscuras ya que los nuevos cuadros instalados, atendiendo a la normativa existente, son demasiado sensibles y saltan con la humedad, por lo que «hay que estar muy encima» y requieren un mantenimiento especial.

«Son 25.000 puntos de luz y casi 400 cuadros, por lo que mucha gente se puede quedar sin luz, sobre todo los de las barriadas más nuevas». En la actualidad, como concretó Ortega, son 800.000 euros los que el Consistorio jerezano adeuda a Editec y Auditel y ello ha hecho que ambas compañías también se planteen su abandono del servicio. Según el presidente del comité, en las próximas semanas hay un encuentro pactado en el Sercla (Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos de Andalucía) y si no se produce en lo que queda de mes el pago de al menos parte de la deuda, la UTE dejará de hacerse cargo del mantenimiento del alumbrado público.

Como se recordará, hace solo tres días la alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, expresó su disposición a facilitar la marcha de las dos empresas de la ciudad. Eso sí, la primera regidora garantizó la continuidad de la plantilla y el cobro de sus nóminas, así como el establecimiento de un plan de pago de los atrasos, en el supuesto de que finalmente se cumpla la amenaza.