La policía desvela una trama para beneficiarse de las prejubilaciones

El caso Mercasevilla ha servido a la Policía Judicial para tirar del hilo de una supuesta trama para beneficiarse de los expedientes de regulación de empleo (ERE) por el que hasta ahora hay al menos seis imputados, entre ellos el ex director de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Garrido.

Por otro lado, el consejero de Empleo, Manuel Recio, negó ayer «rotundamente» que su departamento tuviera entre 2000 y 2009 un fondo ilegal o 'fondo de reptiles' para auxiliar a empresas en crisis con ayudas para despidos y prejubilaciones, como consta en la declaración de Garrido a la Policía Judicial el pasado mes de diciembre. Recio aseguró que el fondo al que alude el atestado, de 746 millones de euros en todos esos años, aparece claramente consignado, presupuestado y reglado. El consejero discrepa de la versión policial sobre el procedimiento necesario para conceder las ayudas a las empresas, al asegurar que son individuales y no sobrepasan la cuantía para ser aprobadas por el Consejo de Gobierno o el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

«Son ayudas individuales y uno y otro requisito no son necesarios, sino que se pueden aprobar por quien es competente, el director general de Trabajo», manifestó. Recio señaló que el decreto de Estructura de la Junta avala estas competencias.

Ahora bien, Recio no descartó que puedan hallarse irregularidades en la tramitación de los Eres o que el ex cargo de la Junta pueda estar implicado en dichas irregularidades. El consejero dijo que sigue abierta una investigación interna y que se facilitará toda la información a la juez Mercedes Ayala, que instruye el caso Mercasevilla. Recio también subrayó que la Consejería no descarta querellarse contra Garrido, una vez que tenga acceso a su declaración ante la policía. El consejero criticó al PP, partido que dio a conocer el atestado con la declaración de Garrido, por airear estas declaraciones para «ocultar los múltiples casos de corrupción donde ellos gobiernan».

En el atestado de la Policía Jucial de Sevilla, facilitado por el PP a este periódico, aparece como beneficiario de una prejubilación de la desaparecida textil malagueña Hitemasa uno de los imputados, Juan Lanzas, ex dirigente de UGT y considerado uno de los 'conseguidores' o 'mediadores' de las ayudas. La policía sospecha que la trama actuó también en el ERE del restaurante Río Grande de Sevilla.

Según la policía, la trama se aprovechaba de los expedientes de regulación de empleo para introducir personas ajenas a las empresas y cobrar luego por ellas las indemnizaciones.

Tanto el presidente del PP-A, Javier Arenas, como el coordinador de IU CA, Diego Valderas, exigieron ayer a Griñán que comparezca en el Parlamento y de explicaciones sobre las irregularidades detectadas en la Consejería de Empleo que ambos tildan de graves.