Una asociación pide a la justicia que se investiguen las fosas de la Guerra Civil en El Marrufo

Una asociación de la Memoria Histórica (ARMH) considera que la Audiencia Nacional debe investigar las desapariciones de la Guerra Civil y el franquismo después de que el pasado 23 de diciembre entrara en vigor la Convención Internacional para la Protección de las Personas víctimas de Desaparición Forzada.

Así lo expone la asociación Nuestra Memoria, Sierra de Gredos y Toledo en un escrito presentado ayer en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en el que recurre la inhibición en favor del Juzgado de Instrucción de Jerez para investigar el cortijo de El Marrufo, donde se estima que hay centenares de muertos enterrados en fosas comunes.

Según el escrito, la Convención Internacional de la ONU, ratificada por España y otros 20 países, sostiene que la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad, lo que supone que es un «delito imprescriptible, inamnistiable y no susceptible de ser considerado delito político».

Para la asociación, las detenciones ilegales ocurridas en la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista, «en su raíz y en toda su dimensión, no han sido esclarecidas judicialmente, ni en ningún otro modo».

Y añade que, con la entrada en vigor de la Convención Internacional, «imponen a la autoridad judicial competente» -la Audiencia Nacional- la «obligación de continuar practicando diligencias para la real averiguación de los hechos».

Por tanto, entienden desde Nuestra Memoria, Sierra de Gredos y Toledo que el nuevo tratado debe imponerse al auto dictado por el pleno de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional en diciembre de 2008, en el que estableció que el juez Baltasar Garzón no era competente para investigar estos hechos.