PERJUICIOS PARA LA HOSTELERÍA

El día 2 de enero entrará en vigor la ampliación de la ley contra el tabaquismo que prohíbe fumar en la totalidad de los espacios públicos cerrados. Esta nueva normativa afectará a un sector tan estratégico en nuestra economía, como es el hostelero, que representa el 7% del PIB español y emplea al 7,2% de la población total en España, lo que supone millón y medio de trabajadores. Según un estudio reciente realizado por el IEE, el sector podría llegar a sufrir un descenso de sus ventas del orden del 10%, lo que llevaría consigo una pérdida de empleo del 3,5%, como mínimo.

La tendencia actual en nuestro entorno más cercano es la de retroceder y/o flexibilizar las mismas. Así sucedió en Eslovenia y en los Países Bajos, que denunciaron la situación de competencia desleal que supone dicho fallo respecto a los grandes locales, los cuales disponen de mayores recursos económicos para la adaptación de las salas para fumadores. Bélgica ha impuesto la vuelta hacia prohibiciones parciales. Los excepcionales casos de Irlanda y Reino Unido, que han instaurado normativa prohibicionista, son la evidencia empírica de los perniciosos efectos sobre las ventas, la actividad y el empleo en los establecimientos de hostelería, por lo que han de interpretarse como experiencias que se deben evitar.

Tras cuatro años de la entrada en vigor de la ley anterior se ha demostrado la efectividad de la lucha contra el tabaquismo. Se ha reducido la prevalencia de consumo diario de tabaco y la mortalidad por tabaquismo, la exposición al humo ambiental se ha reducido en todos los ámbitos del 50% al 20%, y en España el sector de la hostelería ha colaborado activamente con la habilitación de más del 50% de la superficie de estos establecimientos como espacios sin humos. Por lo tanto, la Ley actual ya está siendo eficaz en sus cometidos. La regulación debe siempre intentar ponderar los costes que incorpora en términos marginales, que aquí son muy elevados, en relación con los pretendidos beneficios que persigue, que en la actual coyuntura son inexistentes o en el mejor de los casos, muy reducidos. Las políticas públicas suponen un intervencionismo radical en contra de la soberanía del consumidor y de la libertad de elección del individuo, que pueden generar efectos económicos perversos por ir en contra de la libertad de empresa. Así, siempre que exista un derecho de propiedad definido sobre el aire del lugar, nadie mejor que su dueño para decidir cómo, dónde y cuándo se puede fumar, ya que es el más interesado en maximizar el bienestar de sus clientes, pudiendo libremente compensar a sus trabajadores por tener que inhalar humo ambiental y siendo libres éstos de aceptar tal compensación o de cambiar de trabajo. La intrusión en la esfera del ámbito privado que pueden suponer estas políticas intervencionistas de control del tabaquismo, atentan no sólo contra la soberanía del consumidor sino también contra la libertad de empresa. Desde una perspectiva amplia de bienestar social, la mejor política suele ser la de alterar los incentivos, más que prohibir la actividad, lo que en la práctica equivale a que si se parte de la hipótesis de consumo de tabaco es excesivo, es mejor subir los impuestos especiales que lo gravan que prohibir su consumo en determinados ámbitos, ya que ello, más que reducir el consumo de tabaco, lo que va a hacer es disminuir las ventas en hostelería e incitar a actividades con fuertes externalidades negativas como es el llamado 'botellón' al aire libre, que ahora tendrá el aliciente añadido y la ventaja artificial de no estar sujeto a ninguna normativa antitabaco.