La Junta ha gastado casi 19 millones de euros en los ex Delphi que no ha logrado recolocar

Los ex trabajadores de Delphi tienen en estos momentos uno de los mejores currículos formativos de la provincia. Sin embargo, el empleo se les resiste. No hay trabajo. 532 parados de la extinta fábrica de automoción aguardan todavía su recolocación. Casi cuatro años después del cierre de la planta de Puerto Real, la plantilla ha pasado por cuatro fases de formación genérica entre noviembre de 2007 y agosto de 2009 y afronta desde el año pasado un plan integral de formación más técnica y especializa que va desde la aeronáutica a las energías renovables pasando por la industria naval y la informática.

El pacto suscrito con la Junta en julio de 2007 entre las partes implicadas en el conflicto incluía, por un lado, la formación de toda la plantilla desempleada hasta su recolocación y, al mismo tiempo, su protección social. Por otro lado, el acuerdo sentó las bases sobre el futuro de los terrenos donde se ubica la factoría, así como la puesta en marcha del Plan Bahía Competitiva, cuyo objetivo era la captación de nuevas empresas para la Bahía donde recolocar a los ex Delphi.

Un proceso complejo

El cierre de Delphi dejó en la calle a 1.904 trabajadores. Las negociaciones con la Junta permitieron 705 prejubilaciones, 83 bajas por invalidez, además de salidas pactadas del acuerdo marco. Finalmente, la formación comenzó en noviembre de 2007 para 1.500 personas bajo la batuta de la Fundación Altedia Creade, institución dedicada a la gestión de este tipo de actuaciones en toda España. El importe de este ambicioso plan ha ascendido a 121 millones de euros, según el dato que ofreció en su día la propia Junta, y ha sido impartido por Forja XXI, Innova e Inteca, entre otras empresas.

El plan ya ha cubierto varias fases y se encamina hacia su culminación. En este tiempo se han recolocado 549 personas, de las que 350 se han ido a Alestis y 100, a Gadir Solar; el resto ha sido un goteo hacia pequeñas empresas de la provincia. El talón de Aquiles de este complejo proceso de formación y recolocación lo encontramos ahora. La Junta ha reconocido la imposibilidad de seguir adelante con el pacto suscrito en 2007 alegando razones económicas y de crisis. Así, los 532 trabajadores que aún están por reubicar han supuesto para las arcas públicas un gasto de 18,8 millones de euros, si tenemos en cuenta que durante los primeros 17 meses de formación cobraron una beca de 400 euros mensuales y ahora perciben 1.600 euros brutos al mes por los talleres de empleo o Experiencias de Formación y Empleo, como técnicamente se denominan.

El compromiso de Bouza

La decisión que tomó la Junta el pasado 5 de noviembre de cortar esta retribución ha destapado la caja de los truenos. La plantilla exige que se cumpla el pacto y se culmine con la recolocación. Así, los representantes sindicales mantendrán el próximo 11 de noviembre una tercera reunión para despejar el futuro. Los portavoces sindicales mantuvieron ayer un encuentro con el delegado provincial de Empleo, Juan Bouza, al que le entregaron una tabla de propuestas de cara a la reunión de principios de año. Bouza se comprometió a elevar el escrito a las consejerías de Empleo e Innovación. Los trabajadores piden que se siga con el proceso formativo y la cobertura social y que los terrenos pasen a manos de la Administración para que no se pueda especular con ellos.