Editorial

Respuesta democrática

Los planes de la izquierda 'abertzale' obligan al Ejecutivo a releer, junto al PP, la Ley de Partidos

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Las informaciones sobre los contactos que los socialistas habrían mantenido con la izquierda 'abertzale', seguidas de desmentidos y de declaraciones evasivas por parte de dirigentes de ambos grupos, han alentado la hipótesis de que el presidente Rodríguez Zapatero pudiera albergar alguna iniciativa que facilitase la vuelta de los herederos de Batasuna a la legalidad. El vicepresidente y titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, viene insistiendo en que no hay cambio alguno en materia antiterrorista, y que la izquierda 'abertzale' está obligada a lograr el abandono del terrorismo por parte de ETA o a romper definitivamente con la banda. Pero es esta segunda condición la que suscita inquietud, recelos y hasta sospechas no solo en el Partido Popular, también entre las víctimas organizadas y en diversos sectores de opinión. Los portavoces de la izquierda 'abertzale' están tratando de demostrar su compromiso formal con las vías pacíficas y democráticas evitando cortar el nexo que los mantiene unidos al núcleo terrorista. A medida que se sucedan las declaraciones de rechazo al uso de la violencia por parte de la izquierda 'abertzale' se dejarán oír también las voces que demanden su legalización, aunque continúe sin condenar el terrorismo etarra y eluda romper con él. Algo hacia lo que apunta el anuncio de que los herederos de Batasuna tienen la intención de registrarse bajo unas nuevas siglas y con estatutos que aparentemente se atendrían a la Ley de Partidos. Rubalcaba acostumbra a recordar que son los tribunales, y no el Gobierno, los que determinan si una formación trata de continuar la actividad de un partido ilegalizado y, por tanto, ha de correr la misma suerte que éste. Pero correspondería al Gobierno y a la Fiscalía General tomar la decisión de recurrir o no ante la Sala Especial del Tribunal Supremo la inscripción de un partido que fuese heredero de Batasuna atendiendo a la identidad de sus promotores o a la expresión pública de sus fines. Es en este punto donde el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero tendría que mostrarse más claro y ante el que debería aunar criterios con el PP. La prevención y la persecución implacable del terrorismo fue una de las vertientes del pacto establecido diez años atrás entre socialistas y populares. La otra obligaría hoy a una lectura conjunta de la Ley de Partidos ante situaciones que ya son del todo previsibles.