Guerra al fraude en las matrículas

La Junta sale al paso de las demandas de los padres, al menos de las que crean más alarma social como los fraudes de las familias en las matriculaciones de sus hijos. Según el borrador del nuevo decreto, que la Administración andaluza pretende aprobar en breve para que esté en vigor el próximo curso escolar, la baremación establecida en la normativa anterior se mantiene pero aporta dos novedades en este apartado de las matriculaciones: en el caso de que los datos aportados por los padres no sean reales, el solicitante perderá todos los derechos que pudieran corresponderle y la Administración educativa comunicará a la autoridad competente los hechos. Pero el decreto tiene unas pretensiones más elevadas y en todo el texto se habla de una escolarización equitativa, haciendo referencia al alumnado con necesidades educativas específicas (inmigrantes, los que precisen de acciones compensatorias y los sobredotados). Para este alumnado, en el que predominan los que proceden de otros países y los que necesitan apoyo educativo, la Junta reserva un máximo de tres plazas por unidad en centros públicos y concertados. Hasta ahora, más del 90% de los alumnos con estas características están matriculados en centros públicos.

Pero en el mismo párrafo donde se abre la puerta a estos niños y niñas se incluye el texto: «en condiciones que faciliten su adecuada atención educativa y su inclusión social». El 'quid' de esta cuestión radica en que la mayoría de los centros concertados gaditanos (al igual que en el resto de Andalucía) no ofrece los servicios específicos para atender a este alumnado porque no cuentan con presupuesto suficiente, según han explicado en numerosas ocasiones a este medio. El representante de la federación de Educación de CC OO -Cádiz, Manuel Gómez de la Torre, explicó ayer que los sindicatos pedirán en las negociaciones con la Junta, pendientes para la próxima semana, que se dote a los privados concertados de los recursos necesarios para atender a este alumnado, de la misma forma que ya se hace en los públicos; con logopedas itinerantes, psicopedagogos, monitores de movilidad, entre otro personal. «En muchas ocasiones, la falta de recursos es la excusa perfecta para no escolarizar a este alumnado», argumentó García de la Torre.

El debate surge porque el texto que pretende conseguir un reparto equitativo del alumnado intenta contentar a todos, incluidos los centros concertados. Uno de los artículos que más oposición ha suscitado entre los sindicatos presentes en la mesa sectorial es el que puntualiza que la matriculación de un alumno en un centro público o privado concertado «supondrá respetar su proyecto educativo». Manuel Gómez respondió a este enunciado asegurando que no están dispuestos a firmar este punto porque da «carta de libertad a los privados concertados para hacer lo que quieran».

Otro de los aspectos más controvertidos en la negociación que mantendrá la mesa sectorial la próxima semana será el que incluye que la Consejería podrá autorizar un incremento de hasta un 10% del número máximo de alumnos por unidad escolar (en Educación Infantil y Primaria está en 25 alumnos; en Educación Secundaria Obligatoria, en 30; y en Bachillerato, 35). Este punto también es inadmisible para los sindicatos, que reclaman que la ratio establecida sea intocable y que, si hay mayores necesidades, se amplíen el personal docente y los recursos, «pero que no vayan en detrimento de la calidad de la educación».

Abrir las zonas

Entre las propuestas que llevarán los sindicatos a Sevilla esta semana se encuentra la ampliación de las zonas. «En el caso de Cádiz, por ejemplo, se podría quedar en dos amplias áreas (una en el centro y otra en extramuros)», argumentó De la Torre. El objetivo de esta iniciativa es que haya más permeabilidad entre las diferentes zonas socio-económicas y más mezcla de alumnos. «De igual manera que a un padre no le importa que su hijo vaya desde La Laguna a San Felipe Neri, tampoco debería importarle que fuese a un colegio de Loreto, que está incluso más cerca», sentenció el dirigente de CC OO.