Los empresarios quieren protección la jornada del 29-S

El secretario general de la CEOE, José María Lacasa, anunció ayer que su organización se dirigirá al Gobierno en demanda de la instalación de una línea abierta para hacer llegar los incidentes registrados en la huelga general convocada para el 29 de septiembre y que resuelva con prontitud cualquier acto violento. A su juicio, se trata de un paro político «ajeno al mundo empresarial». «Está dirigido contra decisiones del Gobierno y del Parlamento y los ciudadanos vamos a ser los grandes sufridores», dijo.

Lacasa no quiso entrar en la polémica suscitada por la presidenta de la comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, sobre la conveniencia de reducir el número de liberados sindicales (trabajadores que se dedican exclusivamente a representar a sus compañeros en función de las horas establecidas para el desarrollo de esa actividad). Apuntó que España tiene otros problemas más urgentes. No obstante, Lacasa informó que un estudio de CEOE recoge la existencia de 290.000 representantes sindicales en las empresas que dedican unos 60 millones de horas de trabajo a su responsabilidad.