La empresa encargada de la rehabilitación de San Juan de Dios demandará al Obispado

La liquidación acordada entre la dirección facultativa y el Obispado en la reunión celebrada en la mañana del martes deja mucho que desear a juicio no solo de los responsables de las subcontratas, sino de la propia contrata principal Sevimundi S.A. Una liquidación que, deja en el aire poco más de un millón de euros a deber por parte de la entidad eclesiástica. El portavoz de los proveedores, Alberto Rodríguez, aseguró ayer a este periódico que la empresa «demandará al Obispado» por esta cantidad ya que «lo que nos quieren entregar no llega ni al 10% de la deuda, 80.000 euros».

La idea, según explicó Rodríguez, es que «el Obispado pague a Sevimundi, y la empresa, tal y como se ha comprometido en el documento de cesión de deuda, nos abone los 900.000 euros íntegros a los 30 afectados».

Los responsables de las subcontratas, que siguen criticando la falta de noticias directas desde la propietaria del inmueble, han hecho sus propios números. Según señalaron, la factura tiene tres componentes principales: las retenciones que llegan a los 400.000 euros, la liquidación final que ronda los 500.000 euros y las últimas certificaciones que reclama Sevimundi y cuyo importe superaría los 100.000. En total más de un millón de euros, a parte de otras pequeñas cuestiones.

El portavoz destacó que el problema de esta factura, según les han comunicado de manera extraoficial, es que «el Obispado dice que las retenciones las pagarán dentro de un año, cuando se entregue la obra a la Fundación Gerón y si no surge ningún contratiempo». En cuanto a la liquidación de los 500.000 euros, «la entidad eclesiástica se desliga de esta cantidad y la deja en responsabilidad de la contrata principal». En referencia a la partida de unos 70.000 euros que llamaron de «repaso» y que consiste en los últimos trabajos pendientes de la obra, Rodríguez afirmó que «no recibiremos nada hasta que no se concluya y el Obispado considere que está todo a su gusto».

Una cantidad insuficiente

Sumando y restando aportaciones, la cantidad que podrían recibir los proveedores en un corto periodo de tiempo sumaría unos 150.000 euros, en dos partes. Una primera procedente de la liquidación y que la dirección facultativa cifró en 80.000 euros y los 70.000 una vez que el Obispado dé su visto bueno a la nueva residencia. Una cantidad que los responsables de las subcontratas siguen viendo «insuficiente» y que no alcanza para pagar los trabajos desempañados, a los empleados y parar las órdenes de embargo que pesan sobre ellos.

De momento, los afectados siguen reuniéndose y asesorándose con sus abogados para no dar ningún paso en falso. El abandono del pasado miércoles del encierro bajo una promesa que no ha dado sus frutos les ha hecho ser cautos a la hora de tomar decisiones. «Lo único que querían es que nos fuéramos de allí sin hacer ruido». Por eso, de momento prefieren esperar a la hora de retomar las protestas para evitar males mayores, aunque no descartan ningún tipo de acción por el momento.