El regreso del ministro Sarkozy

Nicolas Sarkozy se consolida en primera línea de batalla, desde donde libra su particular ofensiva contra la inmigración ilegal. El presidente francés, amparado bajo el escudo de la defensa de la seguridad, recupera el puño de hierro que mostró cuando fue ministro del Interior. Su objetivo es reconquistar al electorado de cara a los comicios de 2012 después de que su imagen cayera en picado estos últimos meses.

El abrupto varapalo que sufrió el partido gobernante Unión por un Movimiento Popular (UMP) en las elecciones regionales del pasado marzo dejó al descubierto el descontento de los galos con la política trazada por su mandatario. Los malos resultados sembraron la preocupación en las filas de la UMP, que se replanteó la presentación de la candidatura de Sarkozy para la próxima cita con las urnas. El jefe del Ejecutivo necesitaba cuanto antes un repunte en la popularidad.

Los graves episodios de violencia perpetrados por decenas de romanís en Saint Aignan, en el centro del país, marcaron el cambio de ruta en la agenda del Gobierno de París. Los atacantes tomaron la comisaría de la ciudad portando barras de hierro y hachas para protestar contra los hechos que se produjeron el 18 de julio. Ese día, un joven de 22 años, de la misma etnia que los manifestantes, moría tiroteado después de saltarse un control policial.

La reacción de Sarkozy ante las revueltas fue contundente. A los diez días de producirse los disturbios anunciaba el desmantelamiento de trescientos campamentos ilegales, la mitad de los existentes en Francia. También se comprometió a expulsar a setecientos zíngaros, así como amenazó con retirar la nacionalidad a aquellos «franceses de origen extranjero» que cometan delitos o ataquen a la autoridad pública.

Respaldo popular

Las controvertidas medidas del mandatario alteraron de forma inesperada los resultados en los últimos sondeos. Después de varios meses en números rojos, Sarkozy remonta dos puntos porcentuales entre julio y agosto hasta alcanzar un 34% de apoyos. Independientemente de los colores políticos, la población ha mostrado un mayoritario respaldo a la iniciativa del líder galo. Según encuestas publicadas por el diario conservador 'Le Figaro' y el comunista 'L' Humanité', el 79% y el 62% de los entrevistados, respectivamente, se posicionan a favor de la decisión del jefe del Ejecutivo.

Distinto es el panorama que se atisba en el terreno internacional. El inquilino del Elíseo fue reprendido por la ONU, que dejó en manos del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) el estudio de sus medidas. El análisis desveló un «notable recrudecimiento del racismo y la xenofobia». La polémica se avivó aún más de la mano del portavoz de la UMP, Dominique Paillé, quien desacreditó al panel, compuesto por representantes de 18 países entre los que figuran China, Pakistán, Burkina Faso, EE UU y Reino Unido. «Lo compone gente que procede de países que no respetan en absoluto los derechos humanos», sentenció.

La Unión Europea también vigila de cerca a París. Este miércoles Bruselas lanzaba las primeras advertencias. «Las normas soy muy claras y Francia debe respetarlas», afirmó el portavoz de Justicia en la Comisión, Matthew Newman. Asimismo, recordó que las expulsiones deben ser una respuesta «proporcionada», una vez realizado un examen detallado, caso por caso, y cuando se demuestre que las personas en cuestión no disponen de los «recursos suficientes» para permanecer en el país.

Decisión inamovible

Aún con el viento en contra, las directrices del Gobierno son claras e inamovibles. Horas después del aviso de la UE, el ministro del Interior galo, Brice Hortefeux, deportó a los primeros 79 gitanos en un avión fletado hacia Bucarest. Era sólo el primero de los vuelos previstos hasta completar el cupo de los setecientos expulsados antes de finales de mes. A ello se suma el desmantelamiento de cincuenta de los trescientos campamentos ilegales que deben ser derribados en un plazo máximo de tres meses.

A la ofensiva en contra de los inmigrantes romanís -como se les denomina a los zíngaros procedentes de Europa del Este- ha querido restarle peso el ministro de Inmigración, Eric Besson. «Francia no la está tomando con los gitanos», manifestó. Besson prefiere la expresión «retorno voluntario» para explicar que los inmigrantes aceptan irse y a cambio reciben el billete de avión y trescientos euros por adulto o cien más por niño como compensación.

Los intentos de mitigar la polémica son en vano. El temporal de críticas empeora y la escena política gala cobra forma de campo de batalla. El ex primer ministro socialista, Michel Rocard, tildó las medidas de «execrables y escandalosas». El duelo dialéctico prende con virulencia dentro de la propia UMP. El diputado Jean-Pierre Grand llegó incluso a equiparar la acción del Ejecutivo con las redadas de judíos realizadas por los nazis en Francia. Mientras tanto, Sarkozy se agarra con fuerza al repunte en los sondeos, la señal que le devuelve la esperanza para permanecer en el Elíseo en 2012.