La tasa congestiona la política local

El establecimiento de una tasa de descongestión para los vehículos que acceden a Gibraltar se ha convertido en la noticia del verano en la zona. Cuando agosto suele ser uno de los meses más flojos en cuanto a actualidad política, La Línea está ocupando docenas de páginas por esta medida.

El contexto. Históricamente La Línea no ha tenido industria y sus gobernantes han venido reclamando un trato especial por parte del Gobierno, teniendo en cuenta la singularidad de ser una ciudad fronteriza con una colonia británica. En su día todos los partidos se unieron y durante unos años funcionó la Carta Económica Especial, cancelada en 2003.

Hasta el momento, el discurso del alcalde, Alejandro Sánchez, siempre se ha centrado en que La Línea está sufriendo las consecuencias negativas de la política del Estado. Su enfoque siempre ha sido muy crítico con el Gobierno y, aunque la medida puede dar lugar a todo tipo de interpretaciones, no quiere entrar en disputas con Gibraltar. Al contrario, siempre ha insistido en que «las relaciones de buena vecindad deben mantenerse».

Por tanto el planteamiento viene a ser el siguiente: La Línea arrastra un problema histórico y necesita vías de desarrollo. ¿Cuál podría ser una de ellas? Beneficiarse del paso anual de millones de vehículos por suelo municipal para acceder al Peñón.

A raíz de ahí surge la propuesta de establecer una tasa de descongestión, que no será superior a cinco euros en el caso de los turistas. Los autobuses también pagarán una cantidad, que será «radical» en el caso de los camiones que trasladan material procedente de vertidos.

Elementos medioambientales, políticos, sociales y económicos se entrecruzan en un tema de gran complejidad. Sánchez está arropado por el Gobierno y por su partido en este asunto, si bien ha habido alguna crítica tímida, por ejemplo el portavoz del PP en la Comisión de Fomento, Andrés Aguayo, dijo que este asunto requería de «una mayor reflexión».

Por el contrario, el presidente del PP-A, Javier Arenas, respaldó esta medida, afirmando que «es para defender los intereses del municipio» y reclamando al Gobierno que apueste por La Línea. Este discurso entronca con la crítica que viene dirigiendo el PP al PSOE, en relación con el Foro Tripartito. Desde que el Gobierno socialista lo creó en 2004, el discurso popular es que se anteponen los intereses gibraltareños a los de los linenses. Ante las críticas sobre la posible ilegalidad de la medida, el Ayuntamiento sigue adelante e insiste en que tiene este asunto «bien atado», atendiendo a la normativa nacional y europea.

Las críticas

Pese a que el Ayuntamiento insiste en que la medida pretende contribuir al desarrollo local, al contrario que a finales de los 90 en este caso no hay unanimidad política. No se puede rescatar en este caso el 'espíritu' de la Carta Económica Especial. Para empezar sindicatos, colectivos y partidos de la oposición creen que la intención municipal es «lanzar una cortina de humo» para hacer olvidar la grave situación de los trabajadores municipales, a los que se les adeuda parte de la paga extra de julio y la nómina del mes pasado.

Varios políticos socialistas han cuestionado el establecimiento de una tasa, ya que la consideran ilegal. Por su parte el consejero de Gobernación, Luis Pizarro, acusa al alcalde de «chantajear» al Estado, a quien reclama un trato especial para el municipio. También se han aportado datos relativos a que la ciudad, pese a la congelación de la Carta Especial, ha recibido elevadas cantidades durante estos últimos años. El PSOE está dispuesto al diálogo con el Ayuntamiento de La Línea, pero rechaza con contundencia que se establezca una tasa.