Protesta y responsabilidad

La manifestación convocada para hoy en Barcelona como expresión de la abierta disconformidad que ha suscitado la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el 'Estatut' en amplios sectores de la política y de la sociedad catalana contará con una masiva participación ciudadana. Pero del mismo modo que resulta inadmisible alentar un conflicto de legitimidades en torno a la ley orgánica refrendada por los catalanes y el veredicto que el Tribunal hizo público ayer sobre su constitucionalidad, sería del todo improcedente que la movilización de hoy fuese interpretada por sus promotores más entusiastas como la constatación de un parecer social poco menos que capaz de anular la sentencia y la propia autoridad del Constitucional. Al propiciar la manifestación el Gobierno de la Generalitat asume una responsabilidad a la que tampoco son ajenos los partidos que la secundan, puesto que es imprescindible que las discrepancias existentes a cuenta del contenido de la sentencia y sus efectos sobre el desarrollo normativo y la actuación de las instituciones autonómicas durante estos últimos cuatro años no desborden el cauce que ofrecen el propio Estatuto y la Constitución. El texto definitivo de la sentencia viene a remarcar el contenido del auto inicial, en el sentido de que el 'Estatut' queda recortado en todos aquellos aspectos que concedían a Cataluña potestades de autogobierno propias del federalismo asimétrico que inspiró su primera redacción. Hoy se darán cita por las calles de Barcelona miles de catalanes indignados ante el hecho de que el Tribunal se haya atrevido a enmendar una norma aprobada por ellos en referéndum. Pero carece del más mínimo valor jurídico y de la más mínima coherencia constitucional alegar que el tribunal presidido por María Emilia Casas debía haber renunciado a pronunciarse sobre una norma refrendada. Por exitosa que resulte la manifestación, las instituciones de la Generalitat tienen la obligación de anunciar cuanto antes qué iniciativas piensan adoptar tanto para garantizar su cumplimiento como para asegurar el máximo de autogobierno que su contenido brinda a Cataluña.