Iniciativa de Gobierno

El presidente Zapatero fijó ayer el 16 de junio como fecha en la que el Gobierno aprobará el decreto-ley de la reforma laboral, sea con el acuerdo previo entre patronal y sindicatos o sin él. Es muy improbable que los protagonistas del diálogo social se sientan emplazados al pacto por la inminencia de esa reunión del Consejo de Ministros después de tantos meses distanciados en aspectos fundamentales de la reforma. Pero el Ejecutivo no sólo está obligado a tomar la iniciativa para recuperar la confianza que España merece en el ámbito europeo y ante los mercados. Igual de urgente le es restablecer la seguridad que precisan los actores de la economía española a la hora de generar nuevos puestos de trabajo. La reducción del paro registrado durante el mes de mayo ofreció ayer un instante de alivio en medio de la prolongada incertidumbre que atraviesa la economía española. Pero ni siquiera el Gobierno se atrevió a valorar el dato como un signo claro para el optimismo. Es cierto que la creación de empleo está sujeta fundamentalmente a un incremento sostenido de la actividad económica; perspectiva que por ahora se atisba lejana. Pero resulta equivocado concluir, como ayer sugirió el secretario general de la UGT, Cándido Méndez, que la generación de puestos de trabajo no depende de la reforma laboral. Basta con señalar dos de las características que ofrece la evolución del empleo en mayo para pensar lo contrario: el hecho de que el 90% de los nuevos contratos fuesen temporales y que son los demandantes sin empleo anterior los que más dificultades encuentran para incorporarse al mercado de trabajo. A estas alturas el diálogo entre Gobierno, organizaciones empresariales y centrales sindicales en torno al futuro del mercado de trabajo escenifica un pulso táctico en el que la patronal se siente respaldada por la recomendación de las autoridades europeas y de las instancias internacionales, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero se esfuerza en minimizar los costes de su ruptura con CC OO y UGT, y estas centrales se enfrentan al vértigo que les provoca la convocatoria de una huelga general. Ahora solo cabe esperar que el anunciado decreto-ley sirva realmente para apuntalar el crecimiento.