La solvencia de España

El Gobierno de España ha aprobado un conjunto de medidas destinadas a cumplir el compromiso de reducción del déficit público, asumido en el seno de la Unión Europea, en defensa del Euro frente a los especuladores financieros y como base para la recuperación económica y la creación de empleo.

La caída de las bolsas y el debilitamiento de nuestra moneda han exigido este esfuerzo compartido de los gobiernos europeos, que zanja el debate sobre la necesidad de mantener los incentivos públicos para favorecer la salida de la crisis a través de la inversión, el consumo interno y la financiación del tejido empresarial.

Los datos macroeconómicos no justifican el acoso al euro de los mercados financieros, protagonizado por unos operadores inquietos por las medidas de control anunciadas por la mayor parte de los gobiernos de los países desarrollados y alentados por la idea de poner en cuestión el modelo social europeo, el más avanzado y el que aparece como la referencia política de futuro para todos los pueblos del mundo.

Las medidas más significativas son la reducción del 15% del sueldo de los miembros del Gobierno, de los parlamentarios y altos cargos y del 5% del salario de los empleados públicos, que deben asumir su cuota de sacrificio después de que sus retribuciones hayan subido más de un 15 % en las últimas legislaturas.

Con los gobiernos socialistas las pensiones han aumentado en casi un 30%; mientras que entre 1996 y 2004, con el gobierno de Aznar, se redujeron en un 3%, a pesar de que entonces la economía crecía a muy buen ritmo. En 2011 los pensionistas cobrarán la misma cantidad, salvo los que tengan pensiones mínimas y no contributivas que cobrarán más.

Se promueve un consumo más responsable de los medicamentos y se elimina la prestación por nacimiento a partir de 2011, pero se mantienen las ayudas a las familias tales como la gratuidad de libros de texto, el transporte escolar, el incremento de becas, el acceso a la educación y a la atención bucodental de 0 a 3 años.

En la aplicación de la Ley de la Dependencia se elimina la retroactividad, estableciendo paralelamente un plazo máximo de seis meses para la resolución de las solicitudes, con lo que se garantizan las prestaciones sociales y se agilizan los trámites administrativos.

El ahorro en el gasto público se completa con una disminución de la inversión, de la cooperación al desarrollo y con el compromiso del resto de las administraciones. El Gobierno de Andalucía se muestra dispuesto a asumir con responsabilidad su cuota para la reducción del déficit, demandando que esta sea proporcional al rigor presupuestario ejercido en el pasado por las diferentes Comunidades Autónomas, para lo que está preparando un plan de austeridad, sobre la base de priorizar las inversiones y garantizar la calidad en el funcionamiento de los servicios básicos.

Estas decisiones difíciles y responsables se toman en el marco del compromiso conjunto de los países de la Unión, para restablecer la confianza en el euro, estabilizar los mercados, abaratar la deuda pública y garantizar la solvencia de España. Son medidas imprescindibles para reducir el déficit, equitativas porque reparten con justicia ese esfuerzo nacional y eficientes porque contribuirán a sanear las cuentas públicas.

Se han tomado en el momento adecuado, cuando existe un fondo de reserva de 750.000 millones de euros, creado para garantizar el apoyo a los países con dificultades. En otras circunstancias y sin esta garantía el mercado habría amortizado el efecto de las medidas de ajuste en muy poco tiempo. Con esta actuación se produce en Europa un cambio de paradigma, al responder al ataque de los especuladores asumiendo el reto de actuar como un auténtico gobierno económico europeo, avanzando un paso más en el proyecto común y tras la integración monetaria que representa el euro.

Estamos ante un proyecto nacional que a todos nos concierne, una tarea en la que todos deberíamos implicarnos en defensa del interés general de España y de los españoles, un compromiso que no están dispuestos a asumir los dirigentes del PP, que han venido cultivando el pesimismo y la desconfianza, reclamando medidas para la reducción del déficit, haciendo propuestas que de aplicarse lo incrementarían y solicitando la austeridad y los sacrificios que ahora rechazan.

En el PP confían que la crisis y las incertidumbres que comporta para todos les aporte una buena cosecha de votos. Para ello se afanan en poner en cuestión la solvencia de España y en utilizar la manipulación y el engaño, con un discurso en defensa de las políticas sociales, en las que no han creído nunca y a las que han venido identificando con el despilfarro.