El juez ve indicios de ocho delitos en el Gobierno de Camps y el PP valenciano

El juez del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, ha decidido enviar una parte del sumario al Tribunal Superior de Justicia de Valencia ante la imposibilidad de seguir investigando las supuestas irregularidades en esa comunidad al aparecer de manera continua nombres de aforados del PP de Francisco Camps. El magistrado da credibilidad al informe de la Fiscalía Anticorrupción que constata que, más allá de la aceptación de los trajes regalados, hasta nueve altos cargos del PP valenciano, con Camps a la cabeza, pudieron incurrir en delitos electorales y contra la administración pública, fraude al fisco, falsedad documental, prevaricación, blanqueo, asociación ilícita y cohecho propio.

La inhibición fuerza ahora al instructor de la causa en Valencia, José Flors, a poner en marcha una nueva investigación más allá de los obsequios que supuestamente recibieron Camps y los otros tres imputados hasta ahora, el ex vicepresidente Víctor Campos, el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret y el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa.

Pedreira, que pide que toda la trama en Valencia sea investigada porque es imposible desligar Orange Market y las supuestas irregularidades del PP y de la Generalitat, añade a esta lista otros cinco nombres relevantes, tres de ellos aforados: Vicente Rambla, vicepresidente primero de la Generalitat; David Serra, vicesecretario de Organización del PPCV; Yolanda García, diputada autonómica y tesorera del PP en la comunidad; Pedro García Gimeno, ex director general de la Radiotelevisión valenciana; y Cristina Ibáñez gerente del PP valenciano.

El ilícito más grave -y el que más urgencia corre en investigar porque está cerca de prescribir- sería el de financiación irregular del partido. Anticorrupción, que se apoya en los informes de la Policía, de Hacienda y de la Intervención General del Estado, asegura que ese «delito electoral» se cometió durante la campaña para las elecciones locales y autonómicas de hace tres años. La Fiscalía asegura que el PPCV habría recibido en dinero negro para aquellos comicios no menos de 345.200 euros de empresarios afines, que se hicieron cargo de las deudas que el partido había contraído con Orange Market por actos electorales. Anticorrupción cita a las cinco firmas que habrían allegado fondos opacos al partido a través de facturas falsas: Facsa, Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallaba, Constructora Martínez y Piaf.

Pero, advierte el Ministerio Público, esto es sólo la punta del iceberg, pues «no se han encontrado las facturas físicas» de otros pagos que el PPCV tenía que haber realizado y que ascienden a más de 2,5 millones de euros. Para la acusación pública, los dos principales responsables penales de esta financiación irregular son el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, ya imputado, y Cristina Ibáñez, como gerente de los populares valencianos. «Con ellos cooperarían (en la financiación ilegal) Costa, Rambla y Serra», mantiene la Fiscalía.

El informe de Anticorrupción, de 823 páginas, pormenoriza uno por uno el largo elenco de delitos. Hay un apartado específico para el ex director de la televisión autonómica que recibió regalos que «podrían estar vinculados» al contrato firmado por la entidad que dirigía García con una empresa cercana a Francisco Correa para organizar la visita del Papa a Valencia.

Cohecho agravado

En el tema de las dádivas, Anticorrupción se muestra convencida de que hay pruebas de que Camps, del que recuerda su posición en el Gobierno, sí podría haber dado contraprestaciones por los regalos de Orange Market, por lo que aboga pasar de la acusación de cohecho impropio -admitir dádivas pero sin dar favores- penado con un simple multa, al clásico cohecho, incluso el más agravado (artículo 419 del Código Penal) y que está castigado con hasta seis años de cárcel e inhabilitación para empleo o cargo público por 12 años.

Los delitos contra Hacienda y de falsedad en documento mercantil, por su parte, están muy relacionados con el de financiación irregular del partido ya que para allegar fondos de manera irregular al PPCV se falsificaron facturas y se alteraron contabilidades, defraudando, de paso, al fisco.

Aquellos tejemanejes contables, apunta Anticorrupción, también dieron lugar a un delito de blanqueo que podría ser constitutivo de otro ilícito, el de asociación ilícita, ya que la acusación pública cree probado que dirigentes políticos y empresarios formaron una organización para llevar a cabo de forma continuada estos delitos.

La prevaricación y los ilícitos contra la Administración Pública, entiende la Fiscalía, los cometieron los altos cargos que, según la Intervención, adjudicaron 85 contratos a la trama 'Gürtel' entre 2004 y 2009 por valor de 7,2 millones de euros, gran parte de ellos fraccionados para soslayar así el concurso público.