Las recetas de Moncloa para ahorrar

El Ministerio de la Presidencia ha hecho públicas hoy en internet las primeras 170 fichas de las 217 medidas para la reforma de la administración, que incluyen la concreción económica del ahorro que supondrán y su calendario de ejecución. Las fichas forman parte del primer bloque de las medidas del informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) aprobado por el Consejo de Ministros. Este documento de más de 700 páginas, ya ha sido remitido a las comunidades autónomas, que son las que deben decidir si están dispuestas a aplicar en sus respectivos territorios estas propuestas para evitar duplicidades entre la Administración General del Estado y las autonomías.

En las fichas se concretan los ministerios, organismos, empresas y entidades afectados por la medida, tanto del sector público estatal como de las administraciones territoriales. Asimismo, describe el alcance de la medida y el modo de alcanzarla, e incluye un apartado específico que detalla las ineficiencias detectadas y las mejoras que supondría su aplicación. La ficha incluye además la legislación que habrá que modificar para su puesta en marcha y el ahorro que supone su aplicación, cuantificando su impacto para la administración general del Estado -desagregado en tres años- las comunidades autónomas y otras administraciones, así como los ciudadanos y empresas.

Así, en el caso de la supresión de los Defensores del Pueblo autonómicos que propuso la CORA, la ficha de esta medida especifica que el coste de la tramitación por queja alcanza los 835,78 euros en el caso de las autonomías frente a los 414,19 euros del estatal. Añade que en la Oficina del Defensor del Pueblo que dirige Soledad Becerril, 165 personas tramitan las 33.849 quejas que recibió esta institución en 2012, frente a las 346 personas (más del doble) que, en las instituciones autonómicas, tramitaron 38.407 quejas.

En cuanto al ahorro estimado, esta ficha lo concreta en 30,1 millones de euros, resultado de eliminar el gasto que suponen las oficinas autonómicas -32,1 millones de euros- e incrementar el de la institución estatal para que pueda atender las quejas que reciben en dos millones de euros. La ficha estipula asimismo para la aplicación de esta medida un plazo de entre seis y 18 meses, en función de acuerdos entre el Estado y las autonomías.

En la motivación de la medida explicada en la memoria de la ficha, se recuerda que el mapa de los defensores del pueblo es "heterogéneo" ya que no todas las autonomías cuentan con esta institución, y se añade que la "multiplicidad de instituciones autonómicas supone una merma de la eficiencia administrativa y una duplicidad de gastos y de actuaciones" que "resulta innecesaria" ya que el defensor estatal ya realiza esa labor.

Tribunales de Cuentas

El Gobierno calcula que si las comunidades autónomas acceden a suprimir sus Defensores del Pueblo y Tribunales de Cuentas autonómicos se podría ahorrar en tres años casi 230 millones. Además, plantea la eliminación de los centros de estudios de opinión autonómicos, las agencias de protección de datos y las agencias de meteorología, con las que se ahorraría en tres ejercicios alrededor de 39 millones de euros.

En el caso de los Tribunales de Cuentas, el Gobierno recuerda que 13 comunidades cuentan con esta institución fiscalizadora en su territorio (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Islas Baleares, Madrid, Navarra, País Vasco y Valencia). Si las comunidades autónomas decidieran eliminar estos órganos de control externo autonómico (OCEX), en tres años se podría ahorrar 136,7 millones, según los cálculos del Ejecutivo. Entre las "ineficiencias" para poner en marcha esta medida destaca el "bajo rendimiento" de los recursos destinados a estos tribunales, la "desigualdad" entre comunidades al no contar todas con ellos y la "heterogeneidad en las estructuras, composición, funciones y resultados" de los diferentes.

El Gobierno aboga además por la desaparición de la Autoridad Catalana de Protección de Datos -tiene un presupuesto de 2,8 millones para este año- y la Agencia Vasca de Protección de Datos- con un presupuesto de 1,6 millones-. Según añade, la supresión de ambas permitiría ahorrar en el primer año un total de 1,7 millones, que ascendería a 7,5 millones en tres años, de acuerdo con los cálculos realizados por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas.

Para eliminar duplicidades en relación con los estudios de opinión y fomento de la investigación sociológica, el Gobierno plantea la desaparición de los organismos específicos similares al CIS que hay en Andalucía, País Vasco y Cataluña. El gasto en estos organismos asciende a 4,060 millones. En concreto, el CEO catalán cuenta con un presupuesto de 1,2 millones; el Gabinete de Prospección Sociológica del País Vasco dispone de 700.000 euros; y el Centro de Estudios Andaluces de 2,1 millones. Con su supresión el ahorro en tres ejercicios sería de 4,85 millones, según el Ejecutivo.

Servicios de meteorología

En lo referente a los servicios meteorológicos, se propone la supresión del Servei Meteorologic de Catalunya (SMC), de MeteoGalicia y de EUSKALNET para eliminar duplicidades con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El ahorro total de esta medida -incluyendo la absorción del personal- sería de 26,46 millones de euros en tres años, de los cuales 10,8 millones corresponderían a Cataluña.

Asimismo, se sugiere la eliminación de las estaciones meteorológicas redundantes con la AEMET en Cataluña, Galicia, País Vasco, Andalucía, Canarias, Islas Baleares, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, con un ahorro total de 2,25 millones de euros en tres años, y la cancelación de contratos firmados con empresas privadas por parte de Andalucía, Asturias, Castilla y León y Castilla-La Mancha, que se ahorrarían 1.134.000 euros en tres años.