La Junta admite «responsabilidad política» de los exconsejeros de Empleo

Dos años ha tardado la Junta de Andalucía en señalar a los dirigentes de la Consejería de Empleo como responsables políticos del supuesto fraude de los ERE. Y lo ha hecho a través de la consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, sustituta del presidente José Antonio Griñán en este puesto y su mano derecha en esa etapa. "Sin duda tienen responsabilidad política", ha dicho tajante sobre consejeros de Empleo durante la década de 2001 a 2010, Antonio Fernandez -ya imputado en el caso y que pasó cuatro meses en prisión- y su antecesor José Antonio Viera, actualmente diputado en el Congreso.

Para Martínez Aguayo, su responsabilidad política se deriva de que ambos "eran los los responsables de la Consejería de Empleo durante ese tiempo", una conclusión que sin embargo los socialistas andaluces rechazaron en la comisión de investigación que el Parlamento celebró el pasado verano para no reabrir guerras internas en el partido. No obstante, la consejera ha insistido en que el responsable "claro y directo" de lo ocurrido es el ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, "el eslabón que permitió que toda la trama funcionase".

La responsable de Hacienda ha descartado cualquier sombra de duda sobre la gestión de su departamento en esa época, en que ella era viceconsejera. Así, ha insistido en una entrevista en Canal Sur Televisión en que la Intervención General solo formuló "diferencias de imputación contable" y nunca "menoscabo de fondos públicos ni signos de fraude". "Porque si no, se hubiera actuado contundentemente". Según ha subrayado, "los interventores pensaban que (el sistema de ayudas) debía llevar un camino, y otros pensaban que tenía que llevar otro, y de ahí surge toda la diferencia". Y considera que la Junta de Andalucía, y la propia Consejería de Hacienda, "hizo su trabajo y, cuando detectó que había problemas, sacó toda la artillería para ponerlos en orden".

Recordó además que esos informes de Intervención, más de quince, iban dirigidos a Empleo, "la consejería directamente aludida para moverse o actuar", dado que a Hacienda solo llegaban porque era el centro directivo del que dependía. Precisamente el papel de la entonces viceconsejera quedó en tela de juicio cuando explicó en sesión plenaria en el Parlamento que ella tuvo constancia de esos informes de Intervención, pero no los transmitió a su superior, el propio Griñán, por no tratarse de propuestas de actuación.

Según la consejera, la Junta de Andalucía comprende que la ciudadanía tenga dificultades para entender lo ocurrido, "cómo va a entender que nadie se ha dado cuenta de lo que pasaba ahí, de unos señores que han estado durante un tiempo prolongado en una institución". Y tras destacar la indignación del Ejecutivo con una violación de las normas de comportamiento y el cuestionamiento "de una administración que lleva trabajando muchos años al servicio de la ciudadanía de manera limpia", ha recalcado que se está trabajando intensamente para recuperar todos los fondos que hayan podido ser sustraídos de manera ilegal.