Cospedal denuncia a Greenpeace por acusar a su marido de beneficiarse de la nueva Ley de Costas

La Junta de Castilla-La Mancha ha decidido interponer una demanda contra la organización ecologista Greenpeace por una presunta vulneración del derecho al honor de la presidenta de esta comunidad y número dos del PP, María Dolores de Cospedal.

La denuncia hace referencia a un informe difundido por esta organización y titulado 'Amnistía a la destrucción'. Según Greenpeace, algunos dirigentes del PP, entre ellos Cospedal, se han visto beneficiados por la reforma de la Ley de Costas impulsada por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. En concreto, el esposo de la presidenta castellano-manchega, Ignacio López del Hierro, que ha sido vicepresidente de la empresa inmobiliaria Bami Newco, que, según los ecologistas, ha sido unas de las beneficiadas con esta "amnistía a la destrucción" del litoral español. Los ecologistas aseguran que han existido "intereses privados del PP en esta peculiar reforma de la ley" de los que también ha podido beneficiarse el propio ministro, Miguel Arias Cañete, quien entre los años 2004 y 2011 "repartió su tiempo y sus intereses entre el Congreso de los Diputados y sus negocios privados en varios sectores como el de las promotoras e inmobiliarias".

A raíz de la publicación de este informe, la Junta de Castilla-La Mancha confirmó este miércoles la interposición de una demanda contra Greenpeace por la "falsedad de las supuestas conexiones de la presidenta con la modificación de dicha normativa", según indicó el Gobierno autonómico en un comunicado.

"Resulta obvio que la presidenta de una comunidad autónoma que carece de costa no puede tener interés alguno en el desarrollo normativo de una ley que se refiere al litoral español", argumenta el Ejecutivo castellano-manchego. En opinión del Gobierno de Castilla-La Mancha, "pretender que existen otro tipo de intereses personales de la propia presidenta o de su entorno en la modificación de esta norma vulnera de manera intolerable la dignidad y la ética de cualquier gobernante público".

Asimismo, el Gobierno castellano-manchego negó "tajantemente" en este mismo comunicado "que se haya utilizado dinero o medios públicos para el ejercicio del derecho de rectificación del entorno familiar de Cospedal" en los medios que han recogido la denuncia de Greenpeace y acusó a esta organización de "intentar degradar la imagen de una representante de los ciudadanos, atacando a su familia o difundiendo informaciones falsas sobre su participación en presuntas redes clientelares o de influencias".