Urdangarin y Torres afrontarán una fianza civil de 8,18 millones

Un año después del inicio de la investigación judicial y tras meses de cálculos la cuenta está lista y ajustada hasta la última coma: 8.18 millones de euros. Ese es el montante final que Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres tendrán que afrontar con su patrimonio a modo de fianza civil por el daño que sus actividades al frente del Instituto Nóos causaron supuestamente a la Hacienda Pública. La Fiscalía y la acusación popular de Manos Limpias ultiman sus informes que presentarán de forma inminente ante el juez del caso, José Castro, y en el que básicamente exigen que el yerno del Rey y Torres, al margen de las penas de cárcel que afronten en un hipotético juicio, devuelvan todo el dinero que se llevaron de sus negocios con los gobiernos de Jaume Matas y Francisco Camps.

Tanto en el Ministerio Público como la acusación parten de una premisa: los nueve convenios que el Instituto Nóos suscribió con las administraciones de Baleares y la Comunidad Valenciana en 2005 y 2006 son ilegales y por tanto todo el dinero debe regresado al Estado, más un tercio de penalización. La Fiscalía es tajante: “Los convenios de colaboración son fruto de una actividad delictiva premeditada por lo que el resarcimiento de los perjuicios ocasionados a las arcas públicas debe alcanzar la totalidad de los fondos públicos percibidos por el Instituto Nóos”.

Las acusaciones reclaman como primera opción la devolución total, pero dejan abierta otra posibilidad al juez. Que se contabilice como responsabilidad civil el total del dinero que Iñaki Urdangarin y el exprofesor de Esade se llevaron de los contratos, pero descontando las facturas que el Instituto Nóos ha presentado y la Fiscalía ha dado por buenas, tras depurar la avalancha de documentos que no han sido admitidos como gastos para la organización de esos eventos. Los técnicos de Anticorrupción se han pasado meses con la calculadora en mano para cifrar esa fianza civil alternativa: 5,9 millones.

Informe de la Fiscalía

Según el informe de la Fiscalía la que ha tenido acceso este periódico, "la única finalidad perseguida con la creación y posterior asunción o toma del control del Instituto Nòos por parte de D. Iñaki Urdangarin y D. Diego Torres era contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro (una especie de ONG dedicada a proyectos sociales)". El informe señala asimismo las cuatro finalidades para las que, estima, se constituyó dicha asociación. En primer lugar, "el acceso a fondos públicos a través de Convenios de Colaboración con entidades públicas, ya que presentándose como compañía mercantil privada les estarían vedadas dichas opciones", "aparentar la no persecución de fines lucrativos, "rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas a las que presuntamente se dedicaba la asociación" y "evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos procedentes de organismos públicos.

Por otra parte, el informe destaca que "por parte de los responsables de las Administraciones Públicas, de común acuerdo con los representantes del Instituto Nòos, se tomaron decisiones administrativas arbitrarias e injustas, en tanto que adoptadas al margen de cualquier expediente administrativo, puesto que la apertura del preceptivo expediente y procedimiento administrativo hubiera impedido u obstaculizado la consecución de la ilícita finalidad de beneficiar a personas concretas".

En ese mismo informe, el fiscal Pedro Horrach asegura que “los responsables políticos de las administraciones correspondientes pactaron de forma verbal con los representantes del Insistituto Nóos la celebración de los congresos denominados Valencia Summit e Illes Balears Forum al margen de cualquier expediente administrativo”. Es más, Anticorrupción desvela que el Instituto Nóos empezó a organizar y desarrollar dichos proyectos con anterioridad a la formalización de los respectivos Convenios de Colaboración”.

“La omisión deliberada del expediente administrativo supone un atentado frontal a los principios básicos de la contratación”, apunta el documento del Ministerio Público, que afirma que “la inexistencia de expediente administrativo tuvo como consecuencia directa la vulneración reiterada y flagrante de otras exigencias legales que debían imperativamente respetarse y que se obviaron para conseguir los ilícitos objetivos predeterminados”.