Los acusados por el incendio de Guadalajara se declaran inocentes y niegan haber causado la tragegia

Los tres procesados por el incendio forestal que en julio de 2005 arrasó 13.000 hectáreas en la provincia de Guadalajara y en cuya extinción murieron once miembros de un retén negaron este lunes haber originado esta tragedia humana y ecológica en el primer día del juicio por este caso. Marcelino Herce, Juan José Jiménez, ambos de nacionalidad española y el alemán Iasson Klados mantuvieron la misma versión de los hechos en la primera jornada de este juicio que quedará visto para sentencia este miércoles.

Según su testimonio, el 16 de julio de 2005 decidieron encender una parrilla en una zona de barbacoas de La Riba de Saelices (Guadalajara) en un día sin vientos fuertes y sin excesivo calor. De repente, se percataron de que a unos 50 metros de sus espaldas se había declarado un “fuego redondo” en un campo de rastrojo de cereales que en cuestión de minutos se extendió por la zona con enorme rapidez. En este sentido, el encargado de encender la barbacoa, Marcelino Herce, indicó al tribunal que “no me considero imprudente por haber hecho la barbacoa. “Todas las medidas que tomamos fueron correctas y teníamos agua a mano”, añadió este excursionista que sí reconoció haber apagado con agua y mediante pisadas un pequeño conato de fuego que se originó junto a la barbacoa.

Una versión de los hechos que contrastó con la de Emilio Moreno, el guarda de la cueva prehistórica de Los Casares, cercana a la zona de barbacoas que acababan de visitar, que afirmó haber avisado a los excursionistas de la peligrosidad de encender fuego en un día de fuertes rachas de viento e intenso calor. “Le dije a Marcelino que la podía liar por el día que hacía. Ni al más tonto de mi pueblo se le ocurre hacer una barbacoa en un día así, con un viento infernal y al lado de un rastrojo. Eso es de no tener conocimiento”, declaró.

Cárcel y multa

Los tres procesados por este incendio, a los que se acusa de un presunto delito de incendio forestal por imprudencia grave, se enfrentan a una petición de penas de entre 2 y 7 años de cárcel y al pago de casi 14 millones de euros de indemnización a la Junta de Castilla-La Mancha por el coste de los trabajos de extinción, que duraron dos semanas, y por el daño provocado en el medio ambiente.

Una solicitud de indemnización del Gobierno autonómico –la fiscalía sólo pide una multa de 3.600 euros- que el abogado de los tres acusados, Juan Carlos Mollejo, considera “desproporcionada” al entender que resulta muy complicado calcular tal cantidad. Según este letrado, “la presión política, social y mediática en torno a este caso puede influir en la sentencia porque ha tenido mucha trascendencia social pero espero que esto no pase”.

Para sus clientes, el Gobierno de Castilla-La Mancha solicita siete años de cárcel, tres los abogados de la mayoría de las familias de las víctimas y dos la fiscalía, que aplica para los procesados las atenuantes de confesión y dilación indebida del procedimiento pues el juicio se celebra siete años después de los hechos. Atenuantes con las que las familias de los fallecidos no están de acuerdo.

De 29 a tres imputados

Marcelino Herce, Iasson Klados y Juan José Jiménez se declararon inocentes en el primer día de este juicio al que este martes acudirán a declarar los peritos encargados de realizar los informes técnicos del incendio. Los tres formaban parte, en un principio, de una larga lista de 29 imputados por este fuego que elaboró el Juzgado de Sigüenza (Guadalajara) al encargarse de la instrucción. Sin embargo, con el paso de los años esa lista de imputados se aligeró y de ella salieron exaltos cargos del Gobierno castellano-manchego como la entonces consejera de Medio Ambiente, Rosario Arévalo o el delegado provincial de Medio Ambiente en Guadalajara, Sergio David González, además de técnicos forestales.

Siete años después de este incendio, los diez términos municipales que resultaron arrasados por las llamas siguen recuperando poco a poco sus bosques de pino resinero, sabina mora y roble. En cuanto a las familias de las víctimas, que el pasado 31 de mayo recibieron un homenaje del Gobierno de Castilla-La Mancha, confían en que este juicio sirva para compensarles del dolor sufrido después de que la comisión de investigación abierta en las Cortes castellano-manchegas en agosto de 2005 determinara que ni la Consejería de Medio Ambiente ni los técnicos forestales actuaron con negligencia durante las dos semanas que duró el control y extinción del fuego.