¿Se admiten preguntas?

Probablemente un vecino de Madrid o Barcelona se pregunte lo mismo que uno de Londres sobre la finalidad del último socavón que el Ayuntamiento ha plantado en medio de su calle, las películas subvencionadas con sus impuestos que realmente han llegado a la cartelera o el desglose de las dietas que perciben los diputados. Si obtiene una respuesta, lo más factible es que acabe tratándose de una evasiva en más de la mitad de los casos. Y es que España es el último de los grandes países europeos que todavía engordan la nómina de Estados que no cuentan con una regulación que obligue a dar información institucional al ciudadano que lo solicite.

Rodríguez Zapatero prometió acabar con este vacío legal en su campaña de 2004 y repitió propósito en 2008. El encargo de la ley de Transparencia acabó apilado en el cajón de los deberes pendientes. Mariano Rajoy recogió el testigo y prometió cocinarla en los primeros cien días de mandato. Aunque la sombra del ostracismo planeaba sobre la norma debido al abarrotado calendario de reformas, mañana el Consejo de Ministros dará a conocer el esperado anteproyecto de ley.

Los detalles se conocerán tan solo 24 horas después del lanzamiento de tuderechoasaber.es, una nueva comunidad que busca «hacer que el derecho de acceso a la información sea real», tal y como indican los padres de la criatura. Ellos son David Cabo, un ingeniero informático de 35 años, y Victoria Anderica, una joven abogada que desde 2010 milita en las filas de Acces Info, una ONG que centra sus esfuerzos en facilitar el acceso a la información institucional en toda la UE. Además, esta malagueña aficanda en Madrid coordina la plataforma Pro Acceso, que entre sus miembros cuenta con WWWF-Adena, Amnistía Internacional o diversas asociaciones de prensa de toda la Península, entre muchas otras.

Funcionamiento

La herramienta recogerá las consultas de los usuarios y las trasladará a las Administraciones publicando todo el proceso hasta obtener la respuesta. «Hemos pedido a las comunidades sus datos de contacto y que informen a los funcionarios de que van a recibir esas preguntas. Hasta ahora las más receptivas han sido País Vasco, Navarra y Castilla y León», explica Cabo.

Para esta aventura, y el equivalente europeo AsktheEU.org que desarrollaron con anterioridad, se basaron en el patrón de una iniciativa similar que triunfó en el Reino Unido aunque tuvieron que realizar pequeñas adaptaciones en el sistema concebido por la organización mySociety. David Cabo -vicepresidente de Pro Bono Público- cuenta en su currículum con otras incursiones similares como 'Abre Datos' y la web dondevanmisimpuestos.es a la que pretende volver a 'darle vida' con la presentación de los Presupuestos Generales del Estado.

Tuderechoasaber.es nace sin ánimo de lucro alguno. Si Virginia se gana la vida gracias a su contrato en la ONG, David lo hace como 'freelance'. La financiación para su puesta en marcha ha llegado gracias a más de 150 'micromecenas' que aportaron más de seis mil euros, con partidas desde cinco a quinientos euros en Goteo.org, una comunidad que busca impulsar proyectos de carácter social. Aparte del núcleo duro de cinco personas, el grueso del equipo se compone por cerca de una veintena de voluntarios entre traductores y colaboradores.

«Un derecho fundamental»

«Viendo el borrador que manejan puede haber tres grandes carencias: que no se considere como un derecho fundamental, que el alcance sea un tanto limitado y que no se cree un órgano independiente que vele por su cumplimiento», enumera Cabo al preguntarle sus expectativas sobre lo que mañana se pueda anunciar en La Moncloa. «No debería haber una negación absoluta del acceso a ningún tema», continúa Anderica, quien se muestra contraria a que la información del sector sanitario sea tratada como un bloque legal independiente. En España, la opacidad sobre temas relacionados con los hospitales y los profesionales que allí trabajan es mucho mayor que en otros países como Holanda, Bélgica o Inglaterra.

«Lo necesario es ponderar entre el interés público de la información y aspectos como el derecho a la intimidad o la seguridad nacional», agrega la abogada, quien afirma que es imprescindible «formar a los funcionarios» para una buena implementación de la norma. «Actualmente tenemos una ley de acceso a datos medioambientales y apenas se cumple en el 30% de las ocasiones. Esto ocurre porque muchas veces quienes tienen que dar respuesta desconocen esa legislación», lamenta. Considera determinante la persona con la que te encuentres a la hora de proponer una colaboración con las administraciones: «País Vasco o Navarra tienen al frente de nuevas tecnologías a dos personas jóvenes que conocen el entorno. Sin embargo, hay otras que ese cargo lo tienen con 60 años y les impone más respeto estos proyectos. Lo que no significa que no quieran profundizar en la transparencia», aclara. Sin embargo, creen que muchos instituciones de otras provincias y comunidades se pueden animar, cuando vean los primeros resultados de las administraciones de Vitoria y Pamplona.

Ambos ponen el acento en la necesidad de que los formatos -y en el diseño de las páginas- en los que se publique la información «sean accesibles a todo el mundo», algo que no siempre ocurre.

Como ejemplos de buenas prácticas ponen la legislación de Serbia, Bosnia o Eslovenia. Y es que, en el caso de Ljubljana, -puntualiza Victoria- la aplicación de la normativa es «brutal»: el comisionado tiene «la condición similar a la de un juez», lo que le permite el acceso incluso a información clasificada para dictaminar realmente si debe ser hecha pública o no. Los países nórdicos -donde existe «una gran tradición de transparencia»- también se cuelan en una lista donde Italia o Francia no salen demasiado bien parados. Estos, a pesar de publicar muchos datos, no suelen responder a muchas solicitudes y cuando lo hacen «piden demasiadas explicaciones». «En Francia, Defensa se va a escudar en lo qu eviene a ser el 'secreto de Defensa'. A cualquier petición te van a poner el sello y te la van a rechazar», ilustra Victoria.