Garzón: «Asumo todas las decisiones» en las escuchas

El juez Baltasar Garzón ha asegurado este jueves que asume todas y cada una de las decisiones adoptadas en relación a la intervención de las comunicaciones en prisión a los imputados del 'caso Gürtel' y sus abogados, y ha asegurado que no se violentó el derecho de defensa, sino que se protegió.

Así lo ha recalcado el magistrado, suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional desde mayo de 2010, en su turno de última palabra en el juicio en el Tribunal Supremo por ordenar las mencionadas escuchas, que ha concluido y ha quedado visto para sentencia a las 17.43 de esta tarde. "Asumo todas y cada una de las decisiones. Fueron tomadas reflexivamente en cumplimiento de la más estricta legalidad", ha afirmado Garzón, tras reiterar que eran la única vía posible para evitar que la trama siguiera delinquiendo desde prisión.

Advertido hasta en tres ocasiones de la necesidad de ser breve en su intervención por el presidente del tribunal, Joaquín Giménez, Garzón se ha adherido a las palabras vertidas momentos antes por su defensor, Francisco Baena Bocanegra, y lo dicho esta mañana por los fiscales para defender su actuación, por la que se enfrenta penas de inhabilitación de hasta 17 años.

Garzón se ha mostrado satisfecho con el desarrollo de la vista. "Se ha acreditado lo que pasó, no lo que dicen que pasó", ha añadido. Así se ha pronunciado en una conversación informal con periodistas a la salida del Salón de Plenos del Tribunal Supremo. Al ser preguntado cómo le parecen las declaraciones de los testigos que avalaron que antepuso el derecho de defensa "a cualquier otra cosa", el magistrado ha respondido que corresponde a los jueces hacer esta valoración. "Es la hora del tribunal", ha dicho.

Los policías de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) y el funcionario de la Audiencia Nacional, dedicado casi en exclusiva al caso Gürtel, pusieron de manifiesto el riesgo de que los miembros de la red corrupta evadieran fondos al extranjero.

Duras acusaciones

Antes, duras, muy duras descalificaciones vertieron las partes acusadoras en el juicio contra Baltasar Garzón, que hoy celebra su última sesión en el Tribunal Supremo. El juez, que se sienta en el banquillo por prevaricación al ordenar las escuchas en prisión a los abogados de la trama ‘Gürtel’, vio como le acusaban de vulnerar derechos constitucionales.

El abogado querellante, Ignacio Peláez, tachó de “burdo, prevaricador y contrario a derecho” la actuación del juez de la Audiencia Nacional y José Antonio Choclán, letrado del cabecilla de la red corrupta, Francisco Correa, aseguró que las escuchas fueron una “barbaridad jurídica” que “hace temblar los cimientos del Estado de Derecho”.

Más gráfico, Pablo Rodríguez-Mourullo, defensor de Pablo Crespo, mano derecha de Correa y en la actualidad en prisión, dijo que Garzón “es una suerte de gran hermano que todo lo oye” y abundó en la grave vulneración de los derechos de la defensa. “No hay duda”, exclamó.

Los tres abogados expusieron su informe final al tribunal, en el que mantuvieron sus peticiones de inhabilitación para Garzón de entre 10 y 17 años, respectivamente. Una condena que pondría fin a su carrera judicial.

'Cheque en blanco'

El más duro de los tres fue José Antonio Choclán. El abogado de Correa y exmagistrado de la Audiencia Nacional aseguró que Garzón le dio un "cheque en blanco a la policía para intervenir todas las comunicaciones".

Choclán negó además que Correa y Crespo utilizasen a abogados para continuar blanqueando dinero desde la cárcel. El letrado aseguro que la “tesis del blanqueo se ha demostrado errónea”, porque los abogados que fueron imputados por esta supuesta práctica, Manuel Delgado y José Antonio López Rubal, vieron como el Tribunal Superior de Madrid archivaba posteriormente las actuaciones contra ellos.

El abogado defendió además la legitimidad de Correa para sentar en el banquillo a Garzón. “Es una falacia sostener que es injusto que Correa pueda ejercer una acusación contra el instructor del procedimiento”, dijo. No obstante, Choclán reconoció que ejercer la acusación contra el juez es una “tarea ingrata” que le produce “un gran malestar”.

Por último, el fiscal Antolín Herrero, que pide la absolución de Garzón, reiteró que el caso juzgado es “extraordinario” y que la orden de las escuchas estaba justificada para perseguir el delito de blanqueo.