El CGPJ suspende al juez Serrano, procesado por prevaricación

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha suspendido cautelarmente de sus funciones al juez de Sevilla Francisco Serrano después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decidiera llevarle a juicio por cambiar el régimen de visitas a un niño para que pudiera salir de procesión.

Así lo ha acordado la Comisión Permanente en su reunión de hoy, en aplicación de los artículos 383.1 y 384.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que regula la suspensión de los jueces y magistrados cuando se haya declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Se trata de una medida que "perdurará mientras dure el procedimiento judicial y hasta que recaiga sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento", tal y como establece el artículo 384.3 de la LOPJ, y que ha sido aprobada la suspensión cautelar "sin que esto suponga entrar en el fondo del asunto". Este acuerdo de la Comisión Permanente será remitido al Pleno del CGPJ para que lo ratifique en su próxima reunión del jueves, ha informado hoy el Consejo en una nota de prensa.

El juez Serrano está acusado de un delito de prevaricación por cambiar el régimen de visitas de un niño para que saliese en una procesión, cuando la decisión correspondía tomarla al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, que era el que regulaba dicho régimen de visitas.

Asistir a una procesión

El pasado 11 de julio, el TSJA dictó la apertura de juicio oral para Serrano, juez de Familia 7 de Sevilla, tras ser admitida una querella de la madre del menor en la que denunciaba su decisión de ampliar en un día y medio el régimen de visitas del niño, que había fijado el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 4, a petición de su familia paterna para que pudiese salir en una procesión de la "Madrugá".

Por estos hechos, la Fiscalía solicita para el magistrado diez años de inhabilitación y el pago de una multa de 5.400 euros por un delito de prevaricación dolosa. De otro lado, la acusación particular que ejerce la madre pide para el juez 20 años de inhabilitación y el pago de una multa de 14.400 euros por un delito de prevaricación dolosa, mientras que, en concepto de responsabilidad civil, solicita que indemnice a la madre con 60.000 euros por los daños morales y físicos sufridos; al menor con 100.000 euros por los mismos daños, "en particular el gravísimo estigma público", y al otro hijo menor de la querellante con 12.000 euros.