Batasuna, EA y Aralar piden a ETA y al Gobierno más pasos hacia la paz

La izquierda abertzale heredera de Batasuna, Aralar, Eusko Alkartasuna y Alternatiba se han comprometido a trabajar para que ETA declare un "alto el fuego permanente, unilateral y verificable", pero también para conseguir una amnistía para los presos y huidos de la organización terrorista. Así se recoge en el documento "Acuerdo para un escenario de paz y soluciones democráticas" que esta tarde han rubricado públicamente en un acto celebrado en Gernika (Vizcaya).

A la cita han acudido el presidente de EA, Pello Urizar, el coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, el dirigente de la izquierda abertzale Rufi Etxeberria, el portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, y el de la formación vascofrancesa Abertzalen Batasuna, Jon Garai. El documento, de apenas tres páginas, cuenta también con la adhesión de una treintena de organizaciones como los sindicatos LAB, ESK o STEE-EILAS o las asociaciones Etxerat, Herria 2000 Eliza o AEK.

La declaración se inicia asegurando que "Euskal Herria está viviendo la posibilidad de encauzar el conflicto político y la confrontación violenta hacia un escenario de paz y soluciones democráticas". Para ello, sostienen que "se deberá asentar en primer lugar una situación de no violencia, con garantías y un primer estadio de normalización política en base a los siguientes contenidos". Y en este sentido recoge en primer lugar la "declaración de ETA de un alto el fuego permanente, unilateral y verificable por la comunidad internacional como expresión de voluntad para una definitivo abandono de su actividad armada".

Peticiones

Junto a ello también exigen la derogación de la Ley de Partidos y la desaparición de "todos tipo de amenazas, presiones, persecuciones, detenciones y torturas contra toda persona por razón de su actividad e ideología política". A renglón seguido reclaman el cese de la actual política penitenciaria que se sigue con los presos de ETA y la adopción de una serie de medidas "como primer paso del camino hacia la amnistía, que conduzca a la ausencia total de presos y exiliados a consecuencia del conflicto político".

Citan entre estas medidas, el fin de la dispersión de los presos etarras, la concesión de libertades provisionales a todos los preventivos pendientes de juicio y a todos los presos penados que hayan cumplido los requisitos legales o la aplicación de todos los beneficios penitenciarios legalmente establecidos y la derogación de la legislación "que impone cuarenta años de condena".

Además, estas formaciones políticas creen necesaria la revisión de los procesos judiciales "contra personas y estructuras organizativas derivados de su actividad política", la "derogación de jurisdicciones, de tribunales especiales, de toda legislación de excepción y con ella la desaparición de la incomunicación" y el levantamiento de las medidas restrictivas o prohibitivas en su actividad política "impuestas a militantes y organizaciones independentistas". Además, impulsarán la participación de "agentes internacionales a fin de verificar que no se produce ninguna vulneración de derechos humanos".

Un escenario de diálogo

Ese proceso de dialogo y negociación política se sustentaría, según indica el documento, en los llamados "Principios Mitchell" sobre uso de medios exclusivamente democráticos y pacíficos para resolver las cuestiones políticas. "Los contenidos del dialogo político buscarán un acuerdo incluyente entre todas las culturas políticas del país, sobre el reconocimiento tanto de la realidad nacional vasca como del derecho a decidir, y el respeto a la voluntad popular democrática sobre el modelo jurídico-institucional interno, y sobre el tipo de relación con los estados, incluida la independencia", fija el documento.

Demandan "a ETA y al Gobierno español" decisiones e iniciativas que permitan configurar "un escenario de no violencia con garantías y de normalización política progresiva", lo que llevaría a "activar espacios de dialogo y negociación política para abordar en su integridad las causas y consecuencias del conflicto". Como último punto recoge también la "necesidad de un reconocimiento, reconciliación y reparación de todas las víctimas, originadas por el conflicto político y la realidad de las múltiples violencias".