Blanco anula o aplaza 231 obras por valor de 10.000 millones

Se acabaron el AVE y las autovías para todos. José Blanco presentó este jueves en el Congreso la cara visible, aunque no toda, del ajuste de obra pública decretado por el Gobierno para contener el déficit. Un recorte que afectará, bien mediante la rescisión bien a través del aplazamiento de contratos, a 231 obras de más de un millón de euros en fase de ejecución en toda España, valoradas en conjunto en algo más de 10.000 millones de euros.

El ministro de Fomento evitó cifrar el evidente impacto en el empleo. Una tarea que los sindicatos y las empresas constructoras ya han hecho, para certificar que el agujero en las infraestructuras se llevará por delante más de 115.000 puestos de trabajo. La Confederación Nacional de la Construcción, englobada en CEOE, augura también una "cascada de EREs" en el sector.

Blanco, consciente del problema, bajó a la arena política y aguantó el golpe: "asumo toda la responsabilidad". "No les pido su apoyo incondicional; tampoco que no nos critiquen; tan sólo que sean conscientes de la realidad en la que estamos y colaboren con sus alternativas", explicó Blanco a los parlamentarios, a los que recordó que "esta crisis no la ha inventado el Gobierno". Aunque fue más allá, al asegurar que mientras las comunidades critican el ajuste "ellas recortan más obra pública". "La relación con el empleo es una responsabilidad compartida", sentenció.

Las regiones más afectadas

El argumento del ministro para el ajuste es doble: la obligada austeridad impuesta por Bruselas y la saturación de obras en algunos segmentos como puertos, aeropuertos y carreteras. Para cumplir con Elena Salgado, que aprieta lo suyo a Blanco y le exige ahorrar 3.435 millones a final de año, Fomento ha revisado 3.000 obras, en especial los 1.666 contratos de más de un millón de euros.

De éstos, se van a rescindir 32, de los que 12 se harán después a través de la colaboración público-privada y otros dos se licitarán con cargo al presupuesto ordinario. Eso, si se consigue financiación y la economía se recupera. Blanco no ofreció el valor económico de estos 14 proyectos que pasan a 'mejor vida' y que, según fuentes del sector, podrían rondar los 450 millones. Sólo cuantificó los otros 18 contratos a extinguir, que suponen 926 millones (el 2,7% de toda la obra 'viva' de Fomento).

Castilla y León, Cataluña y Cantabria son las regiones más afectadas en número de proyectos anulados sobre el total en la región, en un programa en el que Canarias, Castilla-La Mancha, Navarra, Baleares, Las Rioja y Euskadi salen indemnes. La desaparición de los contratos, que tiene su coste para Fomento, pues ha de abonar a la contratista el 6% de la obra pendiente de realizar, afecta a todo tipo de empresas. Desde grandes, como Ferrovial, Sacyr Vallehermoso o Acciona, a medianas o, incluso, pequeñas constructoras locales.

Lo que no quiso aclarar Blanco fue la relación de obras condenadas al aplazamiento (que llegará, según los casos, a los cuatro años). Son éstas postergaciones las que más impacto en el empleo tienen. Tanto que, según reconoció el propio ministro, muchas adjudicatarias de obras preferirán cuando hagan sus números que les rescindan el contrato a verlo prorrogado.

Con vistas a los mercados financieros

Y es que se les condena a las compañías a tener un operario vigilando una caseta en una obra parada mientras no reciben la anualidad correspondiente, no pueden contratar personal y se les acumula el gasto en alquiler de maquinaria. Los contratos aplazados serán 199 (valorados en 8.700 millones), de los que 112 son de carreteras y 87, de ferrocarril. El detalle, advirtió blanco entre reproches de la oposición, no se conocerá hasta que esté listo el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, allá por septiembre.

"Eso no es postergarlo hasta la eternidad", dijo Blanco. Mejor destinó correrán los 885 contratos de más de un millón de euros (el 70% de la obra viva) que, en principio, seguirán su curso sin contratiempos.

El Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) de colaboración público-privada (CPP), que en un principio se presentó como un revulsivo y ahora se ha convertido en el parche para solventar el pinchazo del presupuesto oficial para construir lo que no se puede hacer con dinero público, no es el bálsamo de fierabrás. La razón, apuntada por el propio Blanco, es que el programa irá todo lo bien que los bancos quieran, lo que dependerá de la marcha de los mercados financieros.

Por ahora, las entidades financieras exigen tasas de rentabilidad de hasta el 14% (frente al tradicional 8% en las concesiones en España), lo que complica sobremanera la cuestión. A esto se suma que el gabinete de Elena Salgado debe dar siempre su visto bueno a cualquier proyecto de CPP. Más problemas puesto que, como confesó Blanco, su colega en el Gobierno ha puesto en duda la rentabilidad de algunos futuros AVE, como el de Galicia.