ESCÁNDALO EN BOMBEROS

Los bomberos se enteraron por casualidad que tenían una póliza privada

Los responsables no informaron a la plantilla del seguro que costó más de siete millones de euros de dinero público y que se contrató, supuestamente, sin licitación

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La complicada y larga investigación desarrollada por el equipo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en Cádiz ha desempolvado todo un laberinto de supuestas irregularidades cometidas por antiguos responsables del Consorcio Provincial de Bomberos, en el período comprendido entre los años 2008 y 2014. Son muchas las aristas de este caso, un rosario de supuestos tejemanejes que pudieron haberse planeado y ejecutado al margen de la ley y que ahora, tras cuatro años de investigación, ha terminado en el juzgado.

Y entre estos supuestos manejos sospechosos las pesquisas de los agentes de la UDEF de Cádiz pusieron la lupa, entre otros asuntos, en el seguro privado de jubilación para funcionarios operativos que contrató el Consorcio y que le costó a las arcas públicas más de siete millones de euros. Esta póliza se contrató a raíz de un acuerdo regulador firmado años antes para, supuestamente, velar por los intereses futuros de todos los bomberos. Para que a la hora de jubilarse sus pensiones fueran más cuantiosas y se les premiara de esa manera su entrega a una profesión tan arriesgada. Pero, ¿se enteraron realmente los trabajadores de que se había firmado esta póliza privada ya que eran ellos los principales beneficiarios?. Pues según informaciones recabadas por este periódico, no. Se enteraron por casualidad.

Por una carta

De hecho ese fue el origen de esta instrucción, lo que llevó al Sindicato de Bomberos de Cádiz (SBC) a acudir a la Fiscalía Provincial a denunciar el caso. Aproximadamente al año de que los responsables hubieran firmado con la aseguradora Aviva ese contrato millonario les llegó una carta de la compañía informándoles de lo que iban a recibir pero ningún jefe, ninguna circular informativa oficial, les había comunicado nada. Sólo, en el acuerdo regulador, se les mencionaba que se haría un plan de previsión social complementario pero nunca se les había detallado antes en qué iba a consistir éste y si estaban o no de acuerdo con él.

En esas cartas comprobaron que mientras unos se podrían jubilar con unos mil euros complementarios a la pensión pública, a otros les correspondía 200.000. Y tirando del hilo vieron que los que salían mejor parados de esta pensión eran solo algunos. Entre ellos, los miembros de la directiva que curiosamente habían puesto en marcha esta iniciativa. Descubrieron además que en el periodo que se había firmado para el cobro éstos tenían prevista su jubilación.

En cuanto a los gastos de viajes y comidas con dinero público la cantidad es mucho menor en relación con las cuantías dedicadas a otros asuntos

Otro asunto que levantó las sospechas a los policías que se hicieron cargo del caso fue la forma de contratar dicho seguro. El contrato con Aviva debería de haber salido a licitación pública según marca la ley, pero eso no ocurrió. Según se ha descubierto aprovecharon la licitación que habían hecho previamente con un mediador para, con esa misma, hacer después el contrato privado con la aseguradora elegida. No hubo una segunda licitación como legalmente se exige a un ente público y solo se valoró la única opción que dio el mediador en su informe de valoración. A partir de ahí no volvieron a hacer más licitaciones y, como ocurrió en el caso de los cursos de formación que contrataron posteriormente con la supuesta empresa pantalla Formateckno, todo se asignó a base de contratos menores y acuerdos de colaboración privados. Un proceso que ya estaba «viciado».

El supuesto silencio de Beffa

Extrañados por lo que estaba ocurriendo y al no cuadrarle las cuentas ante tal agravio comparativo entre unos y otros, trabajadores de Bomberos acudieron al que entonces era el presidente del CBPC, Andrés Beffa (ahora investigado) a preguntarle por la susodicha póliza y, según fuentes consultadas, éste no les contestó. Sí lo hizo el siguiente presidente Fernando García Navarro quien, ante la solicitud de explicaciones, les leyó un informe de la anterior gerencia en el que se decía que se había pagado dos millones de euros pero no los más de siente. En 2013 el SBC decidió acudir a la Fiscalía.

En cuanto a los gastos personales de directivos aquellos años a cargo del Consorcio, se estima que, al menos los que se han podido cuantificar, en comidas, viajes y hoteles no fueron excesivos en relación con las cantidades millonarias que se pudieron destinar a la póliza privada o a la organización de los cursos que, en ocasiones, ni siquiera se impartieron.