ESCÁNDALO EN BOMBEROS

El supuesto fraude en Bomberos, «un expolio» de más de siete millones de euros

La UDEF de Cádiz señala a 14 personas como beneficiarias de un seguro privado contratado «de manera irregular y que se pagó con dinero público»

Pagaron medio millón de euros a una empresa pantalla por unos cursos que nunca se llegaron a dar

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Una investigación complicadísima que se ha dilatado durante cuatro años llena de vericuetos escondidos tras engorrosas estrategias supuestamente ilícitas trata de desenmarañar un supuesto entramado que idearon presuntamente antiguos responsables del Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz, que podrían haberse enriquecido de manera ilegal por medio de un seguro millonario de jubilación a costa del erario público.

Las pesquisas han sido realizadas por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de Cádiz que ya han entregado a la juez que instruye el caso todos los informes de este delicado asunto dentro de lo que han denominado como 'operación Flama'. Según han informado, hay catorce investigados. Doce de ellos han sido detenidos como presuntos autores de numerosos delitos: malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública, prevaricación, nombramiento ilegal, asociación ilícita, falsedad documental y actividades prohibidas a los funcionarios, una ristra de acusaciones que, según ha podido saber este periódico, son solo la punta del icerberg de un entuerto que podría ser uno de los mayores escándalos de corrupción económica de los últimos años acontecidos en la provincia.

Entre los investigados se encuentran antiguos responsables del Consorcio y directivos todavía en activo

Los números hablan por sí solos. Los investigadores calculan que este supuesto fraude ha podido causar un perjuicio económico a las arcas públicas de más de siete millones de euros, aunque dicho agujero podría ser mucho mayor según van encajando las piezas.

La operación comenzó hace unos cuatro años tras la denuncia que presentó en la Fiscalía Provincial el Sindicato de Bomberos de Cádiz (SBC). Se percataron de la contratación por parte de los directivos del Consorcio de Bomberos de Cádiz (CBPC), de un seguro de jubilación anticipada para sus funcionarios operativos en los que había «una diferencia abismal» entre unos beneficiarios y otros de la póliza. Posteriormente en una ampliación de la denuncia, también se aireaban unas presuntas irregularidades en los cursos de formación del CBPC. Y se ponía además la lupa en un sospechoso acuerdo regulador de las relaciones de los empleados, justo elaborado tres años antes, del año 2010, que podría haberles dado 'carta blanca' para cometer estas conductas ilícitas.

A partir de esta denuncia, la UDEF de Cádiz se puso manos a la obra para desenredar entre cientos de papeles y cifras qué se escondía ante tales sospechas.

Así, durante las primeras investigaciones ya detectaron ciertas prácticas irregulares e ilegales en la gestión que se realizó durante esos años, principalmente entre 2008 y 2014. Métodos llevados a cabo por funcionarios públicos que además ostentaban cargos de responsabilidad. Tras realizar sus informes, los llevaron al Juzgado de Instrucción número 3 de la capital gaditana quien dirige el caso desde 2014.

¿Quiénes se beneficiaron?

El trabajo en estos últimos tres años ha sido intenso, largo y complicado encaminado a poner nombres y apellidos, descubrir el ‘modus operandi’ y cuantificar las cantidades no sólo a lo ya denunciado, sino a desempolvar otras supuestas irregularidades que fueron viendo la luz según se tiraba del hilo.

¿Y quién estaba tras toda esta trama? Pues según los investigadores detrás de este historial de actos delictivos se encuentran las personas que entonces dirigían el CBPC –algunos continúan en sus cargos–, que habrían participado activamente en todas las contrataciones. Además de otros responsables de una empresa pantalla que se contrató para beneficiarse en connivencia de unos y otros en perjuicio de un organismo público dependiente de la Diputación Provincial y de los ayuntamientos que costean su funcionamiento para el bien de un servicio común tan importante como es la seguridad del ciudadano.

Y lo que se descubrió es que se había firmado un acuerdo regulador «sacado de la manga» y contratado un plan de jubilación anticipada para el personal operativo de Bomberos, tomándose decisiones de manera impune sin pasar por ningún control legal, ni que, (y esto es preocupante) ninguna institución responsable se percatara y diera la voz de alarma.

El seguro se contrató con la empresa Aviva y la partida más cuantiosa, más de cinco millones, se abonó en 2010

Dicho acuerdo garantizaba una pensión complementaria a la pensión ya fijada de la Seguridad Social que recibiría el personal en caso de que pasaran a segunda actividad desde los 58 años hasta la jubilación efectiva de los 65. Es decir, a través de dicho seguro privado (abonado con dinero público) se aseguraban el seguir percibiendo la totalidad de sus nóminas durante esos años. Como si siguieran en activo.

Esta póliza se contrató con la empresa Aviva y las partidas presupuestarias que se destinaron para sufragarla ascendió a un importe superior a los siete millones de euros, realizados en varios pagos. El más cuantioso se hizo en el año 2010, con una primera prima de más de cinco millones, el resto se abonó en dos pagos en 2011, cuando se dejó de pagar.

Sin concurso público

Justo la contratación de esta póliza también se hizo de manera irregular, según los investigadores, ya que dicho contrato no se sacó a concurso público a pesar de que se trataba de una cantidad millonaria y, lo más sangrante, era un contrato con un órgano institucional. Es decir, contrataron directamente con la empresa elegida sin hacer un proceso de licitación, incumpliendo así los principios de publicidad y concurrencia que deben primar siempre en estos casos según establece la ley.

Además se hizo con cierta celeridad sin que dicha adjudicación se sometiera a la valoración de ningún informe técnico que estudiara su viabilidad. Sin embargo, no pasó nada. Se contrató y los beneficiarios empezaron a cobrar (y algunos siguen cobrando) cantidades que estaban y están muy por encima de lo que habían ganado en el servicio activo. Para poner un ejemplo, la Policía ha detectado un único pago de 300.000 euros a uno de estos beneficiarios, que recibiría además de su pensión pública legal;una suma que estaba muy por encima de lo que había recibido durante sus años de ejercicio.

También en el punto de mira de esta investigación está la contratación de una empresa, Formatekno, ubicada en Madrid y con posibles vinculaciones con CCOO, elegida para que impartiera la formación on line para el personal del CPBC. Curiosamente, esta sociedad –que actualmente se encuentra en liquidación– se creó tan solo un mes antes de la fecha de inicio de los cursos. La Policía sostiene que se fundó ‘ad hoc’ sin que además diera nunca ese servicio. Sin embargo se sospecha que se le abonó medio millón de euros en concepto de acciones formativas. Tampoco para la contratación de dicha empresa se siguieron los requisitos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público.

Se investigan unos cursos adjudicados a una supuesta ‘empresa pantalla’ que no se dieron y por los que se pagó medio millón de euros

Además la UDEF encontró irregularidades en el área de formación, en diferentes convenios suscritos con el sindicato mayoritario, CCOO, y también en la justificación de la subvención recibida por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) que se destinaron a financiar los cursos de formación investigados.

Pero no acaba aquí este engorroso asunto sino que ahondando en él, se descubrió que durante más de dos décadas han estado al frente de la tesorería y la intervención (puestos fundamentales para el control presupuestario en la función pública) del Consorcio de Bomberos provincial personas que no tienen la cualificación ni validez exigida por la ley para tales puestos. Sin embargo, ejercían estas funciones sin que, nuevamente sorprendente, nadie lo impidiera.

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Se analizan facturas que apuntan que directivos cargaron gastos de viajes y comidas con dinero público

Por otro lado también se analizan facturas de difícil justificación que apuntan que responsables del CPBC cargaron gastos personales a costa del ente público, tales como comidas, eventos y viajes contratados en una agencia local.

Los detenidos

Tras recabar todas las pruebas, a mediados este mes de noviembre se puso en marcha el operativo policial para la detención de los involucrados. El dispositivo más importante se realizó en Cádiz con la detención de nueve personas, quedando otras dos también involucradas pero en calidad de investigados no detenidos. La otra parte fue practicada en colaboración del Grupo 7º de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Madrid, que procedieron a detener a tres miembros de la ‘empresa pantalla’ de los cursos, la sociedad mercantil dedicada a la consultoría de formación con sede en la capital de España.

Entre los cargos del Consorcio implicados, que ya pasaron por la Comisaría Provincial a declarar, se encuentran el expresidente durante cuatro legislaturas, Andrés Beffa –imputado como responsables del ente–; y quien a su lado ejerció como director gerente, Francisco Javier Otálora, que, según la investigación, ostentarían los cargos de mayor responsabilidad en este asunto. A ellos se unen dos cargos más que aún hoy siguen ejerciendo en el CPBC, el director técnico y el jefe de formación, además del ya jubilado jefe de servicios estratégicos. Como responsables de la gestión económico, financiera y presupuestaria estarían el actual director económico y el director financiero, además de dos técnicos del departamento de administración.

Por último habría también un bombero que realizaba funciones de coordinación y gestión de cursos para el departamento de formación. Con respecto a la sociedad mercantil de Madrid fueron detenidos y puestos a disposición un hombre y dos mujeres que tenían diversos roles dentro de dicha sociedad.

Todas estas personas involucradas en este rosario de delitos podrían ser condenados a indemnizar a la Hacienda Pública o al mismo Consorcio por los daños y perjuicios causados, además de hacer frente a la responsabilidad penal o disciplinaria que les pueda corresponder por un perjuicio económico de casi 8 millones de euros.