Calidad democrática: transparencia, austeridad, participación

El Parlamento de Andalucía ha debatido y aprobado 28 medidas sobre transparencia, austeridad, participación y calidad democrática, en respuesta a las demandas de la ciudadanía y con el objetivo de avanzar en la legitimidad del ejercicio de la política. Se han abordado cuestiones fundamentales como la austeridad en la gestión pública, la transparencia en los sueldos de los parlamentarios y la mejora en los mecanismos de participación de la ciudadanía en las decisiones. Medidas valientes y necesarias para hacer más y mejor política, más y mejor servicio público a la ciudadanía.

Este acuerdo es consecuencia del compromiso asumido por el Presidente Griñán en el Debate del Estado de la Comunidad, celebrado los días 29 y 30 de junio, en el que anunció medidas de calado para situar las demandas ciudadanas en el centro del debate parlamentario y para prestigiar la política.

Nuestra Comunidad Autónoma sigue siendo pionera y ejemplo de vanguardia en calidad democrática, al suprimir privilegios en materia de pensiones, limitar las retribuciones de los diputados autonómicos, que sólo podrán cobrar un sueldo y favorecer la participación de la ciudadanía en el Parlamento. Cualquier iniciativa legislativa popular, se puede presentar electrónicamente, con un menor número de firmas que la avalen y se puede defender oral y presencialmente a través del Escaño 110. También se reduce de 35 a 25 el número de ayuntamientos necesarios para presentar una iniciativa al Parlamento y se promoverá una Ley de Participación Ciudadana.

Otras de las medidas que se han aprobado ponen el acento en la austeridad; reduciendo el uso de vehículos oficiales, los gastos electorales y los puestos de libre designación en todas las administraciones públicas. Se avanza en la transparencia con la obligación de hacer pública la declaración de la renta, los bienes e intereses de los parlamentarios y se establece la incompatibilidad del cargo de diputado con el de alcalde o presidente de Diputación, para garantizar su dedicación completa a las tareas parlamentarias.

Se sancionará la ausencia de los parlamentarios y se habilita el mes de julio para reuniones de los órganos de la Cámara, las sesiones de control al Presidente serán retransmitidas por la Radio Televisión Autonómica y se establecerán fórmulas para que los ciudadanos accedan mejor a la información que resulte de su interés. El Parlamento andaluz se compromete a luchar contra la corrupción y el transfuguismo, a mejorar los mecanismos de evaluación y control de las leyes y a suministrar más medios para la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo y el Consejo Económico y Social.

Frente a estas medidas que impulsan una forma de hacer y entender la política, acorde a las demandas ciudadanas del siglo XXI, con cercanía, disponibilidad, compromiso, coherencia, ética y responsabilidad, el PP ha mostrado su rechazo a que el trabajo de los parlamentarios se realice con el 100% de dedicación y sin duplicidad de cargos. Arenas se niega ahora a apoyar una medida que su partido acepta en Galicia y que él mismo propuso ya en 2004 y 2008.

El PSOE ha sido pionero en estas medidas, ya que desde 1996 no hay ningún alcalde socialista que ocupe un escaño en el Parlamento Andaluz. Arenas habla y defiende la incompatibilidad de cargos y propone que cada cargo público se dedique a una sola tarea, «zapatero a tus zapatos», pero cuando la medida puede afectar a sus alcaldes, monta en cólera y pone el grito en el cielo.

Los ciudadanos votan a sus alcaldes para que resuelvan los problemas de sus pueblos y ciudades, no para que se ausenten o dividan sus esfuerzos en varias tareas, aunque en la práctica una agenda tan intensa como la de los alcaldes les impide atender las tareas parlamentarias. Es fácil constatarlo en cualquiera de las cámaras legislativas, donde apenas presentan y tramitan iniciativas, limitando su asistencia al momento de las votaciones.

El descrédito de la política no solo es consecuencia de unas prácticas y comportamientos viciados o deshonestos, también ha sido impulsado por una estrategia orientada a su destrucción, promovida por los que prefieren convertirla en escándalo, para minar la confianza en las instituciones y sembrar el descrédito de los gestores y representantes públicos.

La derecha ha logrado la movilización y fidelidad de su electorado, a través de un discurso ideológico, que se apoya en un fuerte rechazo a cuestiones tales como el aborto, el divorcio, la investigación con células madre, los matrimonios entre personas del mismo sexo y la educación para la ciudadanía. En las últimas legislaturas sus mayores esfuerzos han estado dirigidos a desmovilizar al electorado de izquierda mediante la destrucción de la política, identificándola con la corrupción y los privilegios.

Los estrategas de la derecha actúan desde el ventajismo cínico de quienes saben que aunque no todos los políticos son iguales, basta que un fiel coro mediático haga que lo parezca, para que los electores de izquierda dejen de votar y pierdan su confianza en la democracia.

Algunos ejemplos ilustran el doble discurso, la doble vara de medir, la distancia entre la palabra y los hechos:

En Andalucía el PP denuncia el estatus de los ex presidentes de la Junta, al que han renunciado todos los socialistas que han ejercido el cargo, pero Arenas avala como secretario de política autonómica del PP que Camps tenga tratamiento de muy honorable, asignación económica, coche oficial, escolta y oficina con personal a su servicio a costa del erario público.

En el Parlamento de Andalucía presentaron un escrito renunciando a las cesantías, pero los firmantes que han perdido sus escaños no han tenido empacho en cobrarla.

Arenas gana 178.179 euros brutos al año, lo que lo convierte en el político mejor pagado de Andalucía. El problema no es solo que cobre esa cantidad, mientras que se escandaliza porque el Presidente de la Junta gana menos de la mitad, lo más lamentable es que ha tratado de ocultarlo por todos los medios posibles y lo ha hecho mintiendo al Parlamento, a los medios de comunicación y a los ciudadanos.