Carretero declarará por la 'Operación Karlos' el 18 de septiembre y su abogado pedirá su libertad

El ex jefe de la Policía Local de Ubrique Carlos Carretero, imputado en las operaciones Halcón y Karlos, declarará ante el juez instructor de la 'Operación Karlos' el próximo 18 de septiembre. Su defensa, por su parte, pedirá su puesta en libertad, ya que permanece ingresado en prisión desde el momento que fue detenido.

Según indicaron fuentes cercanas al caso, Carretero tenía que haber declarado hoy ante el juez instructor de la 'Operación Karlos' en Cádiz , aunque finalmente se ha aplazado la comparecencia hasta el 18 de septiembre por tener el juez otros señalamientos.

El considerado como uno de los principales organizadores de la trama permanece ingresado en el centro penitenciario Puerto II, en El Puerto de Santa María con una fianza fijada de 100.000 euros.

Por su parte, ante la posibilidad de que el juez lo mantenga en prisión hasta que termine la instrucción, su defensa pedirá la puesta en libertad antes de que tenga que presentarse en el juzgado de Instrucción número uno de Cádiz a declarar el próximo mes de septiembre.

Las investigaciones de la operación Karlos se iniciaron en octubre de 2005, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que el ex jefe de la Policía Local de Ubrique, Carlos Carretero, podría estar implicado en una trama organizada dedicada a lograr de manera ilegal la concesión de pensiones por incapacidad laboral.

Para ello, Carlos Carretero supuestamente contaba con la connivencia del inspector médico Francisco Casto, que se apoyaba en determinados facultativos para conceder bajas e informes médicos falsos por los que percibía entre 9.000 y 24.000 euros.

Al parecer, en los casos en los que el beneficiario carecía de dinero, los dirigentes de esta trama le facilitaban una póliza a través de entidades bancarias, que posteriormente era abonada al banco una vez concedida la pensión.

Así, una vez recibido el dinero, o parte del mismo, Carlos Carretero instaba a los aspirantes a dicha prestación residentes fuera de la capital gaditana a que fijaran su domicilio en esta ciudad, ofreciendo direcciones de sus propios familiares y de un facultativo implicado en la trama. Luego Francisco Casto Pérez emitía su informe favorable. Previamente, el candidato debía estar de baja médica o bien haber sido atendido de urgencias en un hospital.