La Junta recurrirá a los tribunales para paralizar las torres de pisos de La Casería

El conflicto surgido a raíz de la construcción de siete torres, de pisos de 16 plantas cada una, cerca de la playa de La Casería entre el Ayuntamiento de San Fernando y la delegación provincial de Obras Públicas dependiente de la Junta de Andalucía se ha enquistado tan sólo unas horas después de salir a luz pública.

Los tribunales serán finalmente los que tendrán que decidir sobre la legalidad de las gigantescas construcciones a tenor de las declaraciones efectuadas por parte de los responsables de las dos administraciones implicadas. El equipo de Gobierno andalucista calificó ayer de «estrategia electoral» la petición de Obras Públicas de paralizar las obras y reafirmó su intención de no intervenir en los trabajos que está realizando la constructora Arenal 2000 en la zona, cuya finalización está prevista para el verano del próximo año. «Nos encontramos ante un PSOE desquiciado. Están utilizando la estrategia de la difamación por la difamación porque siempre queda algo. Pero el pueblo no es tonto y el PSOE debería de trabajar por el futuro de los isleños y no ahogar a la ciudad», acusó el delegado provincial del PA, Alfonso Andrades.

Dimisión inmediata

Los andalucistas fueron más allá y pidieron la dimisión inmediata del delegado provincial de Obras Públicas, Pablo Lorenzo, al que acusan de no aplicar la ley igual a los ayuntamientos regidos por los socialistas que a los gobernados por otras fuerzas políticas. «Tienen dos varas de medir. Una para los sociolistos y otra para los demás. En las ilegalidades que cometen en Chiclana no entran, en Algeciras ignoran dos sentencias del Tribunal Supremo y en Benalup, el señor González Cabaña permite la construcción de un campo de golf dándole igual su riego o las especies protegidas de la zona», afirmó Andrades.

El delegado de Obras Públicas, por su parte, prefirió no valorar la petición de dimisión ni los ataques hacia su gestión y a su partido. «No tenemos nada en contra del Ayuntamiento de San Fernando. Ayer mismo se aprobó una modificación del Plan General para ejecutar los accesos de la N-IV a la zona de Fadricas. Lo único que queremos es que se respete la legalidad, que ya se comunicó en octubre de 2003. No queremos llegar a los tribunales. El Ayuntamiento tiene tres meses de plazo para reflexionar y sólo sino queda más remedio acudiremos a los tribunales», aseguró Lorenzo.

Un deseo abocado al fracaso, ya que el portavoz del equipo de Gobierno andalucista, Francisco Romero, defendió la legalidad de las obras y aseguró que el Ayuntamiento no piensa cambiar su postura. «Retamos a Obras Públicas a que llevemos el asunto a los tribunales porque estamos seguros de que la ley nos ampara», dijo Romero.

El portavoz socialista en La Isla, Fernando López, indicó que prefieren ser «prudentes» y «esperar una justificación del equipo de Gobierno» para evitar un pleito que podría ser muy costoso para las arcas municipales. «Es cierto que el planeamiento de la zona es competencia del Ayuntamiento, pero la Junta debe velar por la legalidad y esa construcción no es legal como ya se advirtió hace tres años», afirmó López. Actualmente, ya hay tres torres a medio levantar de las siete que están proyectadas en la zona.