El ganadero de Medina investigado por venta de reses para safaris apuesta por la caza de toros

Ángel Bohórquez sostiene que las sospechas de un grupo de aficionados madrileños sobre una hipotética venta de reses de lidia de su ganadería para cacerías ilegales y que han provocado una investigación por parte de la Asociación de Ganaderías de Lidia no son ciertas. Según declaró ayer en conversaciones con LA VOZ, la ganadería que regenta -cuyas reses pastan en la finca El Machorro de Medina Sidonia- nunca ha vendido animales bravos para ser abatidos en supuestos safaris, y que ningún cazador ha acudido a su campo a disparar sobre toros.

Sin embargo, Bohórquez no se muestra contrario a estas prácticas, sino que apuesta por una hipotética legalización del toro bravo como especie cinegética, «siempre que esté separado de la lidia». De hecho, el ganadero apuesta de manera clara por la inclusión de toro bravo dentro de las especies cazables y anuncia que lleva tiempo «estudiando» esta posibilidad y que «sólo le falta la bendición» de las autoridades medioambientales para llevarla a cabo.

El «precioso» proyecto de Bohórquez, respaldado según sus palabras por el Safari Club Internacional -organización de cazadores con más de 50.000 afiliados-, consiste en apartar reses elegidas por su cornamenta y criarlas de manera «ecológica, es decir, sin piensos, sin residuos de agricultura, como búfalos en las praderas». Además, apuesta por la crianza de las reses «con la mínima intervención del hombre», es decir, sin la habitual selección que los ganaderos llevan a cabo en los tentaderos de los que salen las vacas válidas para aparearse con los sementales.

De hecho, el ganadero de Medina Sidonia asegura que en su finca ya ha separado 16 vacas y dos sementales «seleccionados por la envergadura de sus pitones -todas con más de un metro-, que es lo que se pagaría» por los cazadores. Y es que esta modalidad de caza «puede ser fuente de ingresos muy importante» para muchas ganaderías de lidia «presionadas económicamente».

De esta manera, el toro bravo asilvestrado se convertiría «en una de las más de 20 especies de bóvidos que se cazan en el mundo». «La cacería de animales peligrosos está muy bien retribuida», añade el gerente de la ganadería de Clara Bohórquez (antes Herederas de Bohórquez).

Según el ganadero, ya ha informado de sus intenciones a la Asociación de Ganaderías de Lidia, organización a la que está adscrito: «Les pedimos ayuda, pero creo que no les interesa».

Además, según sus declaraciones, también se ha puesto en contacto con las instituciones medioambientales de la Administración del Estado, aunque con escaso éxito. «Por razones políticas no se quieren mojar mucho, aunque la idea cada vez tiene más fuerza, asegura».

Bohórquez, que este año lidiará sus toros en la feria de San Isidro en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid, es consciente de la polémica que pueden generar sus declaraciones, aunque se muestra tranquilo. «Los ecologistas no me preocupan, porque me respetan. Hemos reintroducido tres especies de patos», dice.

Sin embargo, admite de las repercusiones que la publicidad de su proyecto pueden tener en los diversos ámbitos de la opinión pública. «Caben tres polémicas distintas: el enfrentamiento de la gente del toro y de los ecologistas, aunque tienen que entender que no buscamos el daño animal, sino que tenemos la ilusión de un nuevo concepto. Sobre todo, no queremos enfrentar a la caza y los toros».

Explotación extranjera

Además, el ganadero llama la atención sobre una «nueva oportunidad» e incide en que «sería una pena que tuviesen que llegar los extranjeros» a explotar este recurso. «Si esta riqueza -el toro bravo- la tuviesen los alemanes o los países del Este, ya la estarían explotando dentro de las normas legales cinegéticas», subraya.

La polémica acerca de la caza de toros bravos arrancó con la apertura de un expediente informativo por parte de la Asociación de Ganaderías de Lidia en torno a supuestas cacerías ilegales de toros de lidia en las que estaría implicada la la ganadería de Medina Sidonia. El propio Ángel Bohórquez admite que tiene constancia de que desde las instituciones europeas de Bruselas se ha instado a la investigación.