Los servicios de playas se ponen en marcha en un mes y medio coincidiendo con la temporada de Semana Santa.
Los servicios de playas se ponen en marcha en un mes y medio coincidiendo con la temporada de Semana Santa. - LA VOZ
PROCESO DE DE MUNICIPALIZACIÓN DE SERVICIOS

Fiscalía ve indicios de responsabilidad contable en la municipalización

El PP denuncia que «el alcalde transparente» lleva tres meses ocultando que Alvaro de la Fuente está destituido como presidente de la Sociedad Municipal de Fomento Cádiz 2000

CÁDIZActualizado:

La temporada de playas se acerca y a poco menos de dos meses de la Semana Santa, el proceso de municipalización iniciado por el equipo de Gobierno de Podemos sigue trayendo polémica.

Tras la denuncia interpuesta por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Cádiz ante el Tribunal de Cuentas, su portavoz, Ignacio Romaní, confirmó este miércoles que la Fiscalía ha decidido enviar a la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas dicho proceso de municipalización, aprobado por el equipo de Gobierno con el apoyo del PSOE.

Romaní señaló que, «según se nos ha comunicado, este traslado se ha hecho con un fundamento y es que la Fiscalía ha apreciado en nuestra denuncia indicios de posible responsabilidad contable».

Recordar que la denuncia de los populares se basaba en que los acuerdos fueron tomados por un presidente, Álvaro de la Fuente, «que carece de facultades para hacerlo toda vez que el Consejo de Administración no ha delegado ninguna facultad en él».

Por otro lado, en que no existió en su momento acuerdo ni del Consejo de Administración ni de la Junta General de la sociedad constituida como tal para iniciar la municipalización.

Otra de las argumentaciones de la denuncia de los populares ante el Tribunal de Cuentas se basa en que «no constan razones de eficacia o de medios técnicos que justifique dicha actuación unilateral del presidente de la sociedad ni expediente económico financiero por parte de la sociedad con carácter previo que cuantifique los costes del proceso».

Asimismo, a juicio del PP, esta actuación «supuso una violación flagrante de la disposición adicional décima quinta sobre la contratación de personal de las sociedades mercantiles públicas y las entidades públicas empresariales, así como de la disposición adicional vigésima sexta en la que habla de la limitaciones a la incorporación de personal laboral al sector público».

Por último, argumentaban en la denuncia «lo que para nosotros fue un fraude de ley al cambiar el objeto social de la sociedad municipal que asumía el servicio a municipalizar, al igual que entendimos y entendemos que se produjo un cambio de modelo de gestión, y no una sucesión de empresas».

Delegado instructor

El Tribunal de Cuentas, con este paso que ha llevado a cabo la Fiscalía, deberá nombrar un delegado instructor que siga con el proceso, «que se encargará de practicar las diligencias oportunas en averiguación del hecho y de los presuntos responsables».

En definitiva, el hecho de que la Fiscalía haya apreciado indicios de posible responsabilidad contable por los hechos denunciados por el PP «supone que se inicia una investigación y que se valorará la responsabilidad contable que se haya podido producir por los hechos denunciados», indicó Romaní.

Añadió que, según esos indicios, «los perjuicios ocasionados serían responsabilidad personal de aquellas personas contra las que se dirija la demanda del ministerio fiscal que, todo indica, será contra el señor Alvaro de la Fuente por ser el único que consta de su firma puño y letra en la toma de decisiones que provocaron estos hechos».

Un presidente destituido

Por otro lado, el portavoz popular lamentó nuevamente el «oscurantismo» del alcalde de la ciudad, José María González Santos, en todo lo que se refiere a su gestión y, en concreto, a este proceso de recuperación de los servicios de playas.

Aseguró que «nuestro alcalde transparente, el de las paredes de cristal, lleva tres meses ocultando a la opinión pública y a los gaditanos que el concejal de Playas, Alvaro de la Fuente, está destituido como presidente de la Sociedad Municipal de Fomento Cádiz 2000».

Concretamente, apuntó, desde el 14 de noviembre del pasado año 2017, día posterior a que la Junta General de esta sociedad reunida en Pleno tomara el acuerdo sobre el inicio de acciones judiciales de reclamación patrimonial .

Concretamente, el acuerdo que se tomó fue el inicio de acciones judiciales de reclamación patrimonial de la Sociedad Municipal de Fomento Económico Cádiz 2000 (acción social de responsabilidad) al presidente de la misma por haber adoptado acuerdos con terceros de contratación en nombre de la entidad, sin contar con acuerdo del Consejo ni de la Junta de Accionistas.

Y, todo ello, con la reserva de las acciones legales que se puedan determinar en el futuro en cualquiera de sus ámbitos por las acciones realizadas por el presidente y que hayan podido causar menoscabo a la entidad.

Romaní hizo referencia al artículo 238 de la Ley de Sociedades de Capital, sobre la acción social de responsabilidad, que establece en su apartado 3 que «el acuerdo de promover la acción o de transigir determinará la destitución de los administradores afectados».

Lamentó que «llevemos tres meses sin presidente en Cádiz 2000, sin firma, sin decisiones y sin trabajar en esta sociedad». No obstante, se ha solicitado al secretario municipal por escrito un informe en el que se detalle si se ha producido alguna firma o decisión por parte de Álvaro de la Fuente.

Álvaro de la Fuente lo niega

El concejal de Playas, Álvaro de la Fuente, negó que la Fiscalía haya abierto diligencias por apreciar indicios de responsabilidad contable en el proceso de municipalización asegurando que «el PP miente una vez más para embarrar la política municipal y de desgastar al equipo de Gobierno. Lo que ha hecho el Tribunal es abrir diligencias preliminares como paso habitual en este tipo de procedimiento, y ello tras la denuncia presentada por el PP, no porque vea indicios».

Sobre las dudas legales sobre el acuerdo, explicó que se está a la espera de que el secretario del Consejo de Administración, el asesor jurídico externo de Cádiz 2000 y la secretaría general del Ayuntamiento establezcan el criterio a seguir en este asunto. Insistió en que se está en periodo de alegaciones, habiéndose aceptado una prórroga de diez días a partir de hoy, y se va a convocar una Junta General en torno a esta situación.