El consenso llegó por fin al Pleno para poner en marcha el ‘Alquiler Social’

El equipo de Gobierno ha logrado sacar adelante una de sus propuestas estrellas con el consenso de todos los partidos políticos representados en el Ayuntamiento de Cádiz: la ordenanza reguladora de las ayudas al programa de ‘Alquiler Justo’. Eso sí, la denominación ha cambiado tras prosperar la alegación presentada por el grupo municipal de Ciudadanos pasando a llamarse ordenanza reguladora de las ayudas al programa municipal de ‘Alquiler Social’.

El argumento del equipo de Gobierno para la puesta en marcha de esta ordenanza es, por un lado, el elevado número de viviendas desocupadas en la ciudad y, por otro, la existencia de más de 7.000 personas incluidas en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda. Este desequilibrio impulsó al Gobierno local, compuesto por Podemos y Ganar Cádiz en común, a redactar esta ordenanza que finalmente fue apoyada por unanimidad aunque con algunos matices que se han incorporado ya al documento o que se añadirán durante su puesta en funcionamiento.

El Ayuntamiento hace así una llamada a la solidaridad de particulares, entidades financieras y demás agentes que tengan viviendas para ofrecer al mercado de alquiler con la intención de encontrar un equilibrio entre los intereses de la propiedad y de los inquilinos para conseguir una «mayor cohesión social que redundará en beneficio de la calidad de la ciudadanía en general con medidas que podrán revertir también en el beneficio de la economía local», tal y como establece el documento aprobado el viernes en el Pleno.

El programa tiene tres objetivos muy claros. Por un lado, impulsar el alquiler social de viviendas desocupadas incentivando a los propietarios para ponerlas en el mercado del alquiler en condiciones dignas de habitabilidad a precios razonables para que puedan destinarse a los sectores de la población que más lo necesitan: familias en exclusión social, personas mayores, familias con diversidad funcional y jóvenes menores de 35 años. Contarán con el apoyo municipal y se implantarán medidas para garantizar el pago de las rentas y el buen estado de conservación de la vivienda.

Ayudas a propietarios e inquilinos

Por otro lado, se pretende impulsar la renovación de las viviendas y activar la economía local con las obras de adecuación que pueden ejecutar las empresas locales. Para llevar a cabo estas obras y cuando la propiedad tenga dificultades para hacer frente a los gastos, se establecen ayudas consistentes en créditos reintegrables sin intereses.

Por último, el tercer objetivo es poner a disposición de los ciudadanos que más lo necesitan la posibilidad de acceder a una vivienda de alquiler al ser un derecho y un recurso básico. Para los inquilinos también se establecen ayudas con el fin de que puedan afrontar el procentaje de renta que se ajuste a su capacidad económica.

Como dato importante, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cádiz aprobaron durante el año 2015 un total de 5.500 ayudas de vivienda, que supusieron 2,7 millones de euros para el pago de alquileres e hipotecas. Durante el período de enero a agosto del presente año 2016 se gestionaron 3.965 ayudas periódicas y puntuales para evitar el impago de rentas por un valor de 1,7 millones de euros. Analizadas estas cifras, con este programa de ‘Alquiler social’ lo que se pretende es que las viviendas que se capten constituyan un recurso que vaya destinado a proporcionar alternativa habitacional a los casos más urgentes de necesidad.

El ámbito subjetivo de la aplicación de la ordenanza, es decir, los casos a los que se dará una absoluta prioridad serán a las situaciones de desahucios o a personas que corran el riesgo de perder la vivienda habitual sin contar con una alternativa habitacional. Por otro lado, aquellas que cuenten con situaciones insostenibles de convivencia con violencia en el ámbito familiar, residentes de infravivienda, personas con movilidad reducida atrapadas en viviendas inaccesibles, personas alojadas en centros de acogida y a los demandantes del Registro Municipal de Viviendas.

Entre las ventajas que se ofrecen al inquilino está proporcionarle una estabilidad de tres años en el alquiler y un apoyo más integral para su recuperación laboral y personal, contando con la ayuda de los trabajadores sociales.

El presupuesto inicial de este programa y según figura en los presupuestos de este año 2016 es de 500.000 euros.La empresa municipal Procasa actuará como entidad colaboradora del Ayuntamiento de Cádiz y presentará anualmente a su consejo de administración la rendición de cuentas que será elevada a su vez a la Junta de Gobierno Local, órgano al que corresponderá la aprobación de las ayudas.

Los propietarios que quieran participar en este programa tendrán que contar con una serie de requisitos, como que su vivienda esté ubicada en Cádiz, desocupada y que la renta de alquiler no sea superior a 400 euros para las viviendas de un dormitorio, 500 para las de dos y 550 para las de tres o más. Éstas deberán reunir las condiciones de seguridad estructural y habitabilidad. El personal técnico de Procasa inspeccionará la vivienda y emitirá un informe en el que se garantice que la vivienda está en condiciones.

Créditos reintegrables

En el caso de que necesite reforma, los propietarios pueden optar a una serie de ayudas como créditos reintegrables sin intereses de un máximo de 6.000 euros y con un plazo de hasta tres años para su devolución. Esta cantidad ha sido considerada por la oposición como escasa teniendo en cuenta que muchas viviendas precisan de reformas cuyo presupuesto sobrepasará esta cantidad. Otras ayudas que recibirán los propietarios serán para la expedición del certificado de eficiencia energética de forma gratuita, ayuda económica para afrontar gastos de contratación de seguros diversos y el asesoramiento jurídico gratuito y fiscal.

En cuanto a las ayudas a los inquilinos, éstos tendrán que estar empadronados en Cádiz con una antelación mínima de seis meses y acreditar su residencia en el municipio. Los beneficiarios serán las personas que se encuenten en emergencia social habitacional por las causas anteriormente referidas y recibirán un asesoramiento fiscal y jurídico gratuito tanto para el arrendamiento como en relación a las ayudas sociales. La cuantía de la ayuda social al alquiler será desde un 20% hasta un máximo de un 90% y no un 80% como en un principio tras aceptar la alegación del PP. Así, pagará un mínimo del 10% del alquiler, incluidos los gastos de comunidad, antes del día 5 de cada mes.

Los inquilinos tendrán que suscribir un compromiso social con Procasa para pagar la renta, hacer buen uso de la vivienda y zonas comunes y mantener una convivencia vecinal normalizada. En caso de no cumplirlo, la ayuda podría interrumpirse.