Alaya manda detener a Juan Bouza, Brenes y la cuñada del exconsejero Ojeda por los cursos de formación falsos

La jueza Mercedes Alaya ordenó este martes las detenciones de una decena de antiguos responsables de Empleo y Formación de la Junta de Andalucía en varias provincias. Entre los arrestados, o llamados a declarar de forma forzosa bajo advertencia de detención, están el exdelegado de la Consejería en la provincia de Cádiz, Juan Bouza Mera, el exdelegado de Educación, Manuel Brenes y Teresa Florido, la cuñada del exconsejero jerezano, Ángel Ojeda. Este último dirigente está considerado como uno de los mayores beneficiarios de la presunta trama que organizaba cursos de formación falsos (o incompletos, o que violaban requisitos legales) pese a embolsarse subvenciones públicas para impartirlos. La investigación, paralela a ésta de Alaya y la Benemérita, del Cuerpo Nacional de Policía estima que Ojeda pudo embolsarse hasta 50 millones de euros.Varias de esas ayudas millonarias, siempre según los investigadores, llegaron firmadas por su cuñada, la exdirectora general de Formación de la Junta, Teresa Florido, destituida por la propia administración autonómica en 2012, nada más estallar el escándalo.El exdelegado gaditano es actualmente funcionario en el Ayuntamiento de Cádiz.

Su puesto de trabajo está en el Museo de Las Cortes. Esta mañana no acudió. La detención de Bouza y la familiar del presunto cabecilla, arrestado en Sanlúcar el pasado agosto y que permanece acusado de hasta cuatro delitos, supone una actuación directa contra el germen gaditano de la trama. Las primeras denuncias de docentes que sirvieron para abrir el caso se sitúa entre Algeciras, en diciembre de 2012, y Chiclana, en julio del pasado año.

En esta nueva operación también han sido detenidos otros antiguos altos cargos de la Junta. Entre ellos están el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla de la Junta de Andalucía Antonio Rivas y su sucesora en el cargo Aurora Cosano. Esta fase de la operación sigue a la que se realizó en febrero y por la que fueron detenidos para declarar hasta 30 empresarios en la provincia de Cádiz.Durante las jornadas de hoy y mañana está previsto que las detenciones se amplíen hasta una la veintena, siempre por orden de Alaya, a cargo de la Guardia Civil y siempre con antiguos responsables institucionales de la Junta entre los años 2006 y 2010, principalmente.La Guardia Civil también ha empezado a registrar el consorcio-escuela de Turismo que la Junta de Andalucía tiene en Mijas. Este centro, de gestión mixta con empresas privadas, cuenta con restaurante y hotel donde se han impartido numerosos cursos de formación. En un auto dictado el 20 de enero, la juez declaró el secreto parcial de las actuaciones ante la «gravedad» de los hechos y tras detectar distintas «bolsas de fraude» que le llevaron a abrir hasta cuatro nuevas líneas de investigación, entre ellas una concerniente a las ayudas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe).Así, el secreto afecta a la investigación sobre la «existencia de entramados empresariales beneficiados de diferentes subvenciones, algunas de las cuales habrían sido identificadas por funcionarios de la propia Dirección General de Formación» y por Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta en Sevilla, «y en la que personas que dirigían varios entramados de empresas tenían acceso a un volumen importante de subvenciones, incluso algunas de estas personas tendrían relación con determinados cargos de la Administración».En segundo lugar, la instructora aludía a la «existencia de determinados fraudes en los consorcios entre administraciones; estos consorcios recibían subvenciones a través de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Empleo, utilizando el procedimiento de adjudicación de 'Concurrencia no Competitiva', planteando la Cámara de Cuentas dudas sobre la adecuación del procedimiento», lo que también fue declarado secreto.