'Caso alumbrado': «Yo quería dárselo a Etra porque le han 'metío’ un ‘multaso'»

Cuando el servicio de alumbrado público de Cádiz fue adjudicado provisionalmente en 2009 a la UTE Monelec-Electromur, PSOE e IU advirtieron de varias irregularidades en esa concesión. Una de ellas era el expediente sancionador que un año antes le había impuesto el Consistorio a la empresa matriz de estas sociedades Etralux. Esta filial del grupo ACS, que preside Florentino Pérez, explotaba en 2008 el mantenimiento de los semáforos de la ciudad y fue sancionada por emplear trabajadores adscritos a ese servicio para que realizaran labores ajenas al contrato que pagaba el Ayuntamiento. Por esa cesión no autorizada de plantilla fue multada la empresa con más de 20.000 euros. Sin embargo, ese proceso no fue óbice para que el Consistorio le siguiera adjudicando contratos públicos.

Esta situación aparece reflejada en las grabaciones que fueron entregadas a la Fiscalía por el extrabajador de Imesapi, la concesionaria del alumbrado público hasta el año 2009, que ha denunciado un supuesto caso continuado de tráfico de influencias en el seno del Ayuntamiento de Cádiz. Su denuncia ha propiciado la apertura de unas diligencias por parte del juzgado de Instrucción nº 2 de Cádiz, como adelantó en exclusiva la semana pasada LA VOZ. Uno de los cuatro imputados hasta la fecha es el exdirector técnico de Tráfico, Alumbrado Público y Protección Civil, Germán Molina; un empleado del Consistorio que fue jubilado el año pasado.

Obras en la avenida Guadalquivir

La persona que lo ha puesto en el disparadero entregó al Ministerio Público varias transcripciones y cinco archivos sonoros de conversaciones que mantuvieron y en las que pretende demostrar cómo Germán Molina presuntamente diseñaba a su antojo los procesos de adjudicación para favorecer a empresas amigas. Según una de esas transcripciones, en junio de 2008 el exdirector municipal quería darle a Etralux una obra de mejora del alumbrado en la avenida del Guadalquivir y se refiere a la sanción que le impuso el Ayuntamiento. «Es que yo quería dárselo a Imes (Imesapi), digo a Imes a Etra (Etralux), porque le han ‘metío’ un ‘multaso’ del carajo, tiene una ruina horrorosa y que tu hicieras todo ‘off’, hicieras el otro y alguno más, entonces yo te diré a lo que tu tienes que ir Juan, vamos a coger unas cuantas obras más y listo jejeje». Supuestamente se trató de beneficiar a una empresa sancionada por el Consistorio, concediéndole más contratos que servirían para inyectarle dinero público con licitaciones. Etralux, cuyo gerente también consta como imputado, fue la encargada de ejecutar esta obra por importe de 114.000 euros.

El presunto amaño a favor de la empresa Etralux fue uno de los argumentos que barajó el PSOE, a través de su concejala Marta Meléndez, cuando denunció la adjudicación del alumbrado público. En 2009, Meléndez se preguntaba si «la adjudicación del alumbrado público suponía una forma de compensar económicamente al grupo Etra. ¿Qué hay detrás de todo esto? Igualmente, se le ha adjudicado el contrato de alumbrado exterior del Palacio de Congresos por valor de 65.000 € y por procedimiento negociado sin publicidad».

Las conversaciones grabadas que forman parte del procedimiento también demostrarían que el exdirector municipal recurría al trabajador de Imesapi para diseñar a su antojo los contratos municipales, cuando la empresa donde trabajaba el ahora denunciante y también imputado, no dejaba de ser una adjudicataria que debía permanecer al margen de la redacción de contratos porque después pujaba por hacerse con ellos.

Esta preferencia por Etralux pese a sus antecedentes también fue advertida por IU en el recurso especial que plantearon contra la adjudicación del mantenimiento del alumbrado público y que no consiguió anular la concesión. Su portavoz, Sebastián Terrada apelaba a la ley de contratos en el sector público que impide recurrir a sociedades que están sancionadas por la Administración.

Desde el Consistorio se justificó que se prorrogaran contratos como el mantenimiento de los semáforos a Etralux porque esta empresa había recurrido la sanción. Así lo decía, como consta en las hemerotecas, José Blas Fernández, quien restaba importancia al motivo del expediente sancionador describiéndolo como una «polémica sindical».

Este periódico contactó ayer con trabajadores de esa adjudicataria que coincidieran con el denunciante hasta que éste fue despedido en 2009 tras finalizar el contrato del alumbrado público y pasar a manos de la UTE Monelec-Electromur. Aseguran que fue la persona que sustituyó al anterior gerente de Imesapi tras su despido, aunque sin ser ascendido y sin que le reconocieran la nueva responsabilidad.