El exedil Villarreal y los cheques cobrados un día antes del rescate de la empresa

Las similitudes que guardan los dos asuntos que han llevado a los tribunales la gestión del Consorcio Zona Franca en la anterior etapa de gobierno del PP van más allá de las meras coincidencias como la institución pública afectada por una mala gestión o algunos de sus actores principales en estas tramas judiciales caso del exdelegado, Miguel Osuna. Rilco y Quality Food parecen tener un desarrollo, al igual que el nudo de una historia, casi idéntico. Cuando su principal sospechoso se siente arrinconado, carente de apoyos, decide enseñar los dientes, anunciar que la manta se levanta y pasar de la defensa al ataque. Lo hizo el predecesor de Osuna, Rodríguez de Castro, cuando se vio señalado como el único responsable del proyecto fracasado Rilco. En su caso, la estrategia no le funcionó porque recibió una condena de ocho años; mientras que Osuna fue absuelto. Ahora parece que se repite ese mismo guion con Manuel García Gallardo y como escenario, el juzgado nº 3 que instruye el ‘caso Quality food’.

Al ataque

El empresario y promotor de la iniciativa alimenticia ha decidido atacar al verse solo. Osuna, al igual que hiciera con Rodríguez de Castro, lo acusa de haberle engañado sobre la situación financiera de una empresa que recibió desde su nacimiento un maná de recursos económicos públicos. Y la versión del antiguo dirigente de Nuevas Generaciones insiste una y otra vez en el respaldo que obtuvo su iniciativa desde un primer momento por parte del Ayuntamiento y, por ende, del Consorcio. «Aquí se le va a quitar la careta a todo el que la tenga puesta», dijo recientemente su abogado, Marcos García Montes.

Dentro de su estrategia ofensiva, a finales del año pasado, García Gallardo entregó una documentación que al menos siembra sospechas sobre la operación de rescate por parte del Consorcio a la sociedad Quality. Según confirmaron fuentes del caso, le dio a la instructora copia de tres cheques que la empresa había firmado un día antes de que el comité ejecutivo del recinto fiscal diera luz verde a la adquisición con fondos públicos del 52% de un negocio que presentaba pérdidas superiores a los cinco millones de euros. Eso ocurría en diciembre de 2003 y la Abogacía del Estado sostiene que Osuna manipuló información, en connivencia con García Gallardo, para obtener caudales públicos con fines particulares.

Al portador

Esos tres cheques aportados por el empresario han sido investigados, señalan las mismas fuentes. Se dio orden a la entidad Unicaja que informara qué persona física o jurídica había retirado las cantidades ya que los documentos están firmados al portador. Esas pesquisas han desembocado en que un día antes de que se produjera el famoso comité ejecutivo que autorizó el rescate, el exconcejal del Ayuntamiento de Cádiz, Francisco Villareal (PP), cobró dos de ellos por importe de 16.000 euros cada uno.

El tercer cheque fue cobrado por una de las filiales de Quality.

La jueza instructora ha citado a Villareal a declarar como testigo el próximo viernes para que aclare por qué concepto se pagaron esas cantidades. Es la primera vez que en una instrucción tan larga sale el nombre de este antiguo edil, responsable de la cartera de Asuntos Sociales a finales de los 90, y que también estuvo vinculado profesionalmente a la empresa Quality, donde acabó teniendo un puesto de responsabilidad.

El PSOE no desaprovechó ayer la oportunidad que le brindaba la noticia de la citación de Villareal. Se trata del quinto edil o exconcejal del PP de Cádiz que debe comparecer ante la jueza. Sólo uno de ellos, Ignacio Romaní, lo ha hecho en calidad de imputado.

«Sabemos por la instrucción que todo apunta a que el Ayuntamiento pudo haber sido cómplice de todo cuanto pasó, así que la alcaldesa de Cádiz no puede esconderse más ya que es la presidenta del Consorcio», dijo la secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Araceli Maese, quien añadió: «Cada vez queda más clara la conexión entre el Ayuntamiento y el caso».