Aprobado inicialmente el nuevo PGOU, con la abstención de la oposición

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana ha sido aprobado esta mañana en un pleno extraordinario en el que a los votos a favor de PP y PVRE, se han encontrado las abstenciones de los dos grupos de la oposición (PSOE e IU). Una postura que ya habían avanzado el día anterior, tras haber celebrado sendas asambleas.

La delegada de Urbanismo, Marisol Ayala, hizo un breve repaso de la información expuesta ayer por el portavoz, Andrés Núñez, ante los medios de comunicación. Por su parte, los portavoces socialista e izquierdista coincidieron en incidir sobre los suelos inundables, los costes de regularización, la apuesta por la sostenibilidad o el procedimiento de exposición que se llevará a cabo a partir de ahora durante un mes. Sobre estas cuestiones no se mostraron conformes y también lamentaron la «falta de explicaciones» sobre el documento urbanístico por parte del Gobierno municipal.

La concejala del Partido Vecinal Regionalista defendió el PGOU contestando que la Junta de Andalucía «nos ha apretado las tuercas» y reconoció que el resultado es «todo lo que hemos podido hacer», asegurando que seguirán «en el empeño de hacer otras cosas que se pueden hacer». Sobre el resto de temas que pusieron de relevancia los grupos no dejó nada claro.

En el segundo turno de intervenciones, IU insistió en que el texto no recoge modelo de ciudad y los socialistas tildaron de «fraude electoral» la actitud del PVRE. Cerró el debate el alcalde, Ernesto Marín, quien insistió en que la actual situación urbanística es consecuencia de la gestión del anterior Gobierno del Partido Socialista e hizo hincapié en que será el documento «más transparente que ha tenido Chiclana».

La plataforma de Afectados por la Regularización Urbanística no tuvo oportunidad de intervenir en la sesión pero José María Román se hizo cargo de leer su comunicado, en el que se mostraban en desacuerdo con varios puntos del Plan General, como los costes de regularización y las promesas electorales del PVRE, la no inclusión del protocolo firmado, las zonas inundables o la falta de diálogo y participación ciudadana con el texto.