Las administraciones públicas aligeran plantilla

Los trabajadores públicos han sido en estos últimos años una fuente rápida de financiación. Gobiernos de uno u otro signo no han dudado en sacar la tijera cuando aprieta la urgencia de liquidez. Recortes de salario, eliminación de la paga extra y una amortización de los puestos como nunca antes se habían llevado a cabo. La plantilla mengua para seguir sosteniendo el sistema, sobredimensionado en unos y mal distribuido en otros.

El ajuste resulta mucho más sangrante en Cádiz cuando el sector público, que ahora adelgaza, copa un tercio del mercado laboral de una provincia que continúa encabezando cualquier estadística de paro. Hoy las administraciones sostienen a 72.660 trabajadores, 4.483 menos que hace un año, según el último censo de empleados públicos que acaba de actualizar el Ministerio de Hacienda. Desde mediados de 2012 la carga laboral se ha reducido como nunca antes y sin una nueva oferta de empleo a la vista, continuará perdiendo peso.

En torno a la mitad de los trabajadores públicos no tiene plaza en propiedad y sus condiciones tampoco difieren demasiado de las que ofrece la empresa privada. Hace tiempo que dejaron de ser unos privilegiados ajenos al desempleo y al recorte de salario. Esa estabilidad de la que habían gozado años anteriores se esfumó en el momento justo en que la reforma laboral dio las herramientas para despedir al personal que no es funcionario. Asumida la tarea de continuar reduciendo el enorme aparato público, el dilema es saber de dónde sobra –o dónde se nota menos–. El 40% son profesores y profesionales sanitarios en una sociedad en la que ambos servicios son todavía universales y hasta en tiempos de vacas gordas ya adolecían de falta de personal.

«¿Qué sobran funcionarios?», se sorprende Sebastián Alba, presidente provincial del sindicato Csif, específico de este cuerpo, cuando se le plantea la necesidad de reducir la administración.

La sanidad es uno de los ámbitos que más efectivos ha perdido con una reducción del 6% desde mediados de 2012 hasta hoy

Aclara que «la mayoría de los trabajadores públicos ofrecen un servicio básico al ciudadano». Son médicos, enfermeros, profesores, policías, bomberos, con lo que reducir efectivos significa mermar la calidad. «Y así aumenta el fracaso escolar, crecen las listas de espera o la inseguridad en las calles», aclara. Sebastián Alba teme que detrás de esta tremenda regulación se plantee una «externalización de los servicios» como ya se lleva a cabo en otras comunidades.

Los primeros en aligerar sus plantillas han sido los ayuntamientos de la provincia, que se han deshecho de un 9% del total en apenas un año. Nada menos que la friolera de 1.439 trabajadores, que por la vía de la jubilación o la extinción de empleos, han salido del sistema. Sonados fueron los expedientes reguladores de corporaciones como la de Jerez o La Línea, que plantearon despidos para 260 y 69 empleados, respectivamente, aunque con diferente resultado. Tanto en los palacios consistoriales como en las empresas públicas, la carga laboral desciende casi por igual sin que escape ningún departamento.

La Administración autonómica también ha amortizado un buen número de plazas. En este caso, la pérdida de puestos alcanza el 6,7%, de los que ocho de cada diez son profesores y profesionales sanitarios. Tanto unos como otros han perdido mano de obra por la ampliación de la jornada laboral y la menor cobertura de las vacantes.

En último lugar se sitúa la Administración central, donde más de la mitad son efectivos de los cuerpos de seguridad y las Fuerzas Armadas. La generosa oferta pública que se convocó en años anteriores ha rejuvenecido las plantillas, con lo que el número se mantiene e incluso llega a crecer aún en tiempos de recortes. Por el contrario, la Universidad de Cádiz y, en menor medida, la UNED, han ampliado plantilla hasta los 2.304 profesionales en la provincia. Este incremento se ha producido entre el personal administración y especialmente entre los docentes e investigadores.

A la espera de una plaza

Y mientras tanto, crecen las bolsas de interinos a la espera de una oportunidad para meter cabeza dentro de un sistema público que se contrae. Pedro Romero, presidente del sindicato Anpe en Cádiz, que representa a buena parte de este colectivo en el ámbito de la Educación, recalca que la «mínima» oferta de empleo que se ofrece es «absolutamente insuficiente» y dice no entender por qué se mantiene a tantos profesionales en esa inestabilidad cuando no existe un ahorro. Romero se refiere a las trabas que se plantean para ampliar el número de plazas cuando decenas de profesores interinos trabajan cada año en los centros escolares ocupando puestos que son necesarios.

En torno a 700 profesores de todos los niveles educativos han desaparecido este año, un 4,2% con respecto a 2012. Pero sin duda, el mayor tajo se ha producido en el ámbito de la salud, donde el bocado roza el 6%. En cifras suponen 777 auxiliares, enfermeros, médicos y administrativos menos en los centros sanitarios que hace un año.

Del recorte no se ha salvado ni la mayor empresa de Cádiz, que no se encuentra al pie del muelle ni es una de las refinerías del Campo de Gibraltar. Está en plena avenida principal y da trabajo a más de 3.000 asalariados. El Puerta del Mar, el hospital de referencia de la provincia, pierde cada vez más efectivos. La delegada sindical de CC OO en el centro, Carmen Boym, admite descorazonada que «cada día se sustituyen a profesionales de larga trayectoria que piden el traslado o se jubilan por trabajadores eventuales que ni siquiera son contratados a jornada completa». De esta manera se puede justificar que las cifras bajen a esa velocidad.

Y no se trata sólo de la amortización de las plazas cuando los profesionales se retiran, también tiene mucho que ver la pérdida de poder adquisitivo y la merma de las condiciones laborales que motiva a decenas de trabajadores a abandonar la sanidad pública para probar suerte en la privada. «La consecuencia directa –insiste– es el incremento de la lista de espera y la sobrecarga de los equipos».

Menos motivos para opositar

Ante esta tesitura, el funcionariado empieza a perder cierto interés y deja de ser la primera opción de los que terminan su estudios o los que buscan alternativas al desempleo. El presidente del Colegio Médico de Cádiz, Miguel Morgado, destaca que cada vez son más los especialistas que ejercen en clínicas privadas ante la falta de garantías. Señala que los médicos han perdido en torno a un 30% de su poder adquisitivo en los últimos dos años, «un ajuste tan drástico que obliga a replantearse muchas cosas». También destaca la gran cantidad de facultativos que tramitan los permisos necesarios para marcharse al extranjero y «vemos cómo personas perfectamente preparadas salen fuera cuando aquí tenemos tanta necesidad», lamenta el doctor Morgado.

Incluso los departamentos de orientación profesional de las universidades destacan ese cambio de mentalidad en titulaciones, como la Medicina, orientadas fundamentalmente al ámbito público. Es el caso de alumnos de Filosofía o de Historia que empiezan a enfocar su futuro hacia la gestión cultural y el emprendimiento. Un giro necesario ante un escenario que nunca volverá a ser el mismo.