Rodríguez de Castro: «Jamás toqué dinero»

El exdelegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Manuel Rodríguez de Castro, uno de los principales acusados de malversación en el 'caso Rilco', se ha presentado hoy en el juicio casi como un rehén de los Abogados del Estado, a los que ha acusado incluso de torturas ante el Tribunal Constitucional.

El juicio por este caso, en el que se dirime si un negocio que pretendía impulsar el comercio electrónico con Iberoamérica fue un canal para malversar caudales públicos, se ha reanudado hoy después de que el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz decidiera desestimar las peticiones de anulación del proceso.

El tribunal sólo ha estimado parcialmente una de las alegaciones presentadas por la defensa de Miguel Osuna, sucesor en el cargo de Rodríguez de Castro, para retirar de la acusación uno de los delitos que le imputaba el fiscal, el de falsedad continuada en documento público, al considerar que cuando prestó declaración por este punto, por el que el fiscal pedía cinco de los trece años de prisión que solicita en total para él, no lo hizo en calidad de imputado.

El tribunal también ha desestimado la petición de las defensas de que el Abogado del Estado Aurelio Ruiz, que ejerce la acusación, fuera retirado del juicio, en el que también había sido citado a declarar en calidad de testigo porque, según los acusados, desde este cargo asesoró a la Zona Franca de Cádiz sobre la puesta en marcha en el 2000 de RILCO, un portal de comercio electrónico con Iberoamérica.

En sus respuestas ante las distintas partes, Manuel Rodríguez de Castro, para el que el fiscal pide diez años de cárcel, ha culpado precisamente a los Abogados del Estado de todo lo ocurrido en torno a RILCO, ya que, según ha afirmado, fueron los que redactaron todos los documentos, contratos y gestiones, e incluso ha apuntado que las firmas suyas que aparecen en los distintos documentos han podido ser falsificadas.

En su versión los abogados del Estado, en los que él confiaba "ciegamente", hicieron "el diseño último de todas las cosas" y a él no le "quedaba otra" que asumir sus propuestas porque utilizaban "fórmulas a veces un poco amenazantes".

Rodríguez de Castro ha explicado que a los abogados del Estado, que cobraban por asesorar legalmente a la Zona Franca de Cádiz unos 3.000 euros al mes, él les daba además "libros, regalos, una pata de jamón en Navidad, y todo lo que me pedían para que estuvieran contentos".

Según su relato, a partir de 2004, cuando el PSOE ganó las elecciones, "estos señores se vuelven los peores enemigos" del proyecto RILCO. "Se asustan o los amenazan, no se, y se desdicen de todo lo que han hecho", tras lo que denunciaron las irregularidades cometidas en base a este proyecto que ahora han llegado a juicio.

El exdelegado de la Zona Franca de Cádiz ha afirmado ante el tribunal que ha recurrido la reciente sentencia del Tribunal de Cuentas que le condena, junto a Miguel Osuna, a devolver a las arcas públicas 4,3 millones de euros por sus gestiones en el 'caso Rilco' y que, además, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que acusa de varios delitos de torturas a los abogados del Estado, al juzgado que instruyó el sumario, a la Agencia Tributaria y al Tribunal de Cuentas.

Cuando el abogado del Estado le ha pedido que concretara las torturas denunciadas Rodríguez de Castro ha asegurado que ha sufrido una "persecución perversa durante trece años". "Jamás toqué dinero", ha subrayado también el exdelegado.

Zona Franca de Miami

También ha declarado hoy en el juicio como acusado German Leiva, que, junto a su mujer, era el dueño de Miami Free Zone Corporation Services, la empresa estadounidense a la que la Zona Franca de Cádiz adjudicó el proyecto Rilco.

German Leiva ha relatado que durante 25 años gestionó con su mujer la Zona Franca de Miami, entonces la única privada. Una entidad que vendió por 43 millones de dólares pocos meses antes de firmar el contrato con la Zona Franca de Cádiz para poner en marcha RILCO.

Según ha asegurado, a él entonces no le hacía falta "para nada" meterse en ese negocio, pero lo hizo porque "me gustaba estar cerca de Europa, de España y ayudar a Cádiz ".

Ha explicado que obtuvo la adjudicación con una oferta "mediocre, incompleta" porque, después de que Rodríguez de Castro le informara del concurso, no tuvo mucho tiempo para prepararla y ha asegurado que desconocía que el proyecto se fuera a financiar con dinero público porque pensó que estaba siendo contratado por una empresa privada.

Según ha dicho, su beneficio en este proyecto fue de "unos 300.000 dólares", menos de la mitad de lo que, según dice, le ha costado esta querella "absurda".