Oposición y sindicatos piden la readmisión de los trabajadores del Ayuntamiento de Jerez

Los grupos políticos de la oposición y las secciones sindicales del Ayuntamiento de Jerez han pedido al Gobierno la readmisión inmediata de los 260 trabajadores incluidos en el ERE que el TSJA considera no ajustado a derecho.

En rueda de prensa, la portavoz del grupo socialista, Miriam Alconchel, ha advertido que, una vez conocido el fallo judicial, el Gobierno local está "absolutamente deslegitimado", toda vez que "ha quedado demostrado que utiliza la ley" de manera "arbitraria".

Alconchel entiende igualmente que el Consistorio no debe destinar dinero público a incrementar la partida destinada en su día para indemnizar a los despedidos, que es una puerta que deja abierta la sentencia dictada por el TSJA.

En esta misma línea, el portavoz de Foro Ciudadano, Pedro Pacheco, ha considerado que la sentencia supone "un mazazo" para el Gobierno, coincidiendo con Alconchel en que se encuentra ya deslegitimado para ejercer su acción.

Joaquín del Valle, portavoz de IU, ha avanzado por su parte que los grupos tienen previsto presentar una propuesta al Pleno exigiendo la readmisión de los 260 trabajadores despedidos, mostrándose igualmente contrario a destinar dinero público al abono de indemnizaciones.

Las secciones sindicales se han mostrado por su parte satisfechas con la resolución judicial, ya que consideran que se hace justicia con los trabajadores despedidos, al tiempo que han insistido en la "readmisión inmediata" de todos ellos.

Según la sentencia, el Ayuntamiento deberá optar ahora entre readmitir a los trabajadores despedidos, con el abono de los salarios dejados de percibir, o incrementar el importe de las indemnizaciones, ya que los ceses se consideran "improcedentes".

Esto supone que el Consistorio debería abonar una indemnización de 45 días por año trabajado hasta el 12 de febrero de 2012 y de 33 a partir de esa fecha, hasta un tope de 42 mensualidades.

La sentencia considera acreditado que el Ayuntamiento actuó de manera "arbitraria" a la hora de seleccionar al personal que debía ser incluido en el ERE, lo que "adquiere una mayor gravedad" dada su condición de Administración pública.

De igual modo, se advierte de que en el proceso no se tuvieron en cuenta criterios como la "competencia técnica, la formación, la experiencia o la polivalencia" de los afectados, de tal modo que el Ayuntamiento "no negoció de buena fe" con la representación sindical al facilitarle una lista nominal "sin aplicar los criterios de selección" contemplados en la propia memoria del expediente.