Defendiendo lo público se garantiza lo privado

Defender los intereses profesionales es absolutamente legítimo. La defensa por los profesionales sanitarios de sus intereses también. Pero la utilización de la población no lo es. Si no veamos las consignas esgrimidas en las manifestaciones y otorguémosle su cuota parte de legitimidad y veracidad, si es que las tiene.

Cuando se dice ?no a la privatización del sistema? de forma constante y generalizada, para que el efecto directo de su repetición termine convirtiéndose en verdad incuestionable, no solo es tendencioso, si no absoluta y radicalmente falso. En materia sanitaria, la privatización supondría reconsiderar la naturaleza jurídica del concepto de la propia prestación sanitaria de carácter y dimensión pública y transferirlo al privado. Ahora de lo que se habla es de la mera gestión, que conforme a las distintas posibilidades que establece la normativa española, es lícito y posible y yo añado que recomendable. Pero esto no desvirtúa su esencia, tal y como hoy es conocida, ya que nadie ha puesto en duda su financiación, que le otorga su condición de prestación de carácter público, financiada a través del sistema impositivo.

Manifestar sin más que ?la salud no tiene precio y en consecuencia no se vende?, es caer en la más absoluta de las demagogias. La salud tiene un precio y por lo tanto tiene un coste, solo que es financiada indirectamente a través de los ingresos fiscales y solo en una pequeña parte directamente, a través del sistema de copago. Si a esto le añadimos la última de las consignas: ?sanidad privada, sanidad para ricos?, es otra sandez, porque lo privado no está reservado para un sector de la población, en función de su nivel de rentas, sino para aquel a quien el uso del sistema alternativo de sanidad privada o de gestión privada, les satisface más. Por lo tanto, en absoluto puede considerarse privativo y exclusivo. ¿O es que ahora los funcionarios de la Administración General del Estado adscrito al sistema de Clases Pasivas son ricos? Bueno, entonces será que me tocó la lotería alguna vez y aún no me enteré. Lo digo por mi condición de Clase Pasiva del Estado, que opté por un sistema de gestión privada, como el 80% de los comprendidos en dicho régimen.

El sistema español de Seguros Sociales primero y de Seguridad Social después, comenzaba a tener consistencia y presencia en la vida pública española, en la década de los 50 y 60, igual que en el resto de países europeos, en los que la ola socialdemócrata de entonces, hacía inagotable la presencia pública en la sociedad en general. Pero ese sistema tal y como se había diseñado, hace aguas en todas partes de Europa.

Una vez más los países escandinavos, Suiza y Holanda, optan por la auténtica sostenibilidad, buscando la eficacia y la eficiencia en la prestación del servicio. Precisamente en este último, se ha implantado un sistema novedoso que a modo de síntesis se resume como financiación pública y prestación de servicios privado, en el que el Estado garantiza a los ciudadanos la cobertura, siendo empresas privadas las que en régimen de competencia compiten en su oferta.

Cada día que pasa me ratifico en mi opinión: la defensa de la prestación pública es una cuestión dogmática y por lo tanto ideológica. Pero si un 33% de los médicos de Madrid tienen consultas privadas y ?toda? la comunidad médica defiende ?a muerte? la condición publica de la gestión de la prestación del servicio, solo me queda pensar mal. Defendiendo lo público, se garantiza también lo privado. Se acierta pensando mal sin duda. Es la defensa numantina de la ineficiencia del sistema.