El Pleno insta a Bienestar Social a mantener una reunión urgente para dar solución a los pagos a Acasa

La sesión extraordinaria de Pleno celebrada hoy en el Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad instar a la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, a recibir a la mayor brevedad tanto a la alcaldesa como a los portavoces de los grupos de la oposición para dar una solución urgente a los pagos a Acasa. Esta cita, que se ha pedido tanto por escrito como por vía telefónica, estaría dirigida a clarificar de forma definitiva las divergencias que puedan existir entre ambas administraciones de cara a garantizar el pago a la empresa y, por tanto, el abono de las nóminas de los trabajadores. El punto aprobado incluye que desde el Consistorio se establezca un plan de pago que garantice el abono efectivo de la parte económica que corresponde al Ayuntamiento.

Por otro lado, se ha aprobado con el voto favorable del grupo popular y la abstención de PSOE, Foro e IU que se estudie y analice la posibilidad de adoptar otro modo de gestión del servicio, bien la gestión directa (siempre que el acuerdo con la consejería permita garantizar su financiación), o bien la gestión directa por la Junta de Andalucía, con el fin de que ni usuarios ni trabajadores se vean afectados por esta situación.

La alcaldesa ha recordado a los grupos que la contratación del servicio de ayuda a domicilio a Acasa a quince euros la hora estuvo motivada por la ausencia de cualquier empresa que lo asumiera a 13 euros, por el cual ahora es imposible renunciar a exigir a la Junta a garantizar la financiación del servicio a ese precio. A ella se suma el hecho de que desde que se aprobó mediante resolución en 2007 el precio de 13 euros la hora, no ha sido actualizado al IPC. «Esta situación se traduce en que el Ayuntamiento se ve obligado a financiar el 20 por ciento del coste de este servicio ante la impasividad de la Junta».

La primera edil ha destacado que «estamos dispuestos a negociar y a hablar hasta encontrar todos los puntos de encuentro, estamos dispuestos a modificar el punto 2 y a hablar de todo lo que sea necesario, pero tenemos que salir de aquí con una solución». En este sentido, el grupo popular, que ha planteado una enmienda a este punto 2, ha retirado de la misma la posibilidad de estudiar la prestación vinculada al servicio, para lograr el apoyo de los grupos de la oposición. La alcaldesa también ha valorado positivamente la propuesta planteada por IU de estudiar un modelo de financiación público-privada similar al que se utiliza en los colegios concertados.

María José García-Pelayo ha recordado que desde que se recibió la resolución de la Consejería para el primer semestre del servicio, el Ayuntamiento está negociando con las entidades financieras un crédito que les permita abonar a la empresa los meses pendientes, con la dificultad de que la Junta no ha incluido en la resolución las fechas de los pagos. Por otro lado, a 27 de enero la Junta de Andalucía no ha cumplido con la clausula recogida en la adenda al convenio suscrito en diciembre de 2007 de realizar el primer pago, de la cuantía fijada en la resolución, en el mes de enero.

En este sentido, la Delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, Isabel Paredes, ha lamentado que la consejería no esté cumpliendo con su obligación de remitir esa resolución, en la que se especifica la cuantía a transferir en el semestre a financiar, en el mes inmediatamente anterior al semestre a financiar, en este caso debería haber sido remitida en diciembre. Paredes ha denunciado los continuos incumplimientos de la Junta tanto en el último semestre del año, en el que el dinero ha estado llegando con retraso, como en este primer semestre.

Isabel Paredes ha recordado que 2011 ha sido el año en el que más se ha pagado a Acasa, con un total de 6.056.572,48 euros, destacando el esfuerzo realizado por el Consistorio precisamente en el ejercicio en el que el servicio ha contado con más usuarios.

Finalmente, el grupo municipal popular ha votado en contra de la retirada de la denuncia interpuesta contra los representantes sindicales que protagonizaron un encierro en la sala de prensa del Ayuntamiento los pasados 13 y 14 de diciembre. La denuncia fue interpuesta por allanamiento, dentro de la obligación municipal de velar por el respeto a un edificio público, y después de que se solicitara en reiteradas ocasiones a las personas encerradas que abandonaran las dependencias municipales.