El Ayuntamiento pedirá explicaciones en los tribunales sobre las ayudas para empleo estable

«Que expliquen los criterios objetivos ante los tribunales». El alcalde de Puerto Serrano, Pedro Ruiz (IU), ha anunciado que llevará al Servicio Andaluz de Empleo ante la Justicia, al considerar injusta la forma en la que se aprueban o rechazan los proyectos de empleo estable, «sin emplear criterios objetivos».

El malestar del alcalde polichero se ha producido después de que el SAE haya rechazado una iniciativa para construir un tanatorio en la localidad que requiere una inversión de 200.000 euros, una instalación que asegura «permitiría crear cinco empleos fijos, además de dar un importante servicio al municipio y evitar desplazamientos a otras localidades». El alcalde recuerda, además, que la construcción de la instalación también requeriría mano de obra del sector de la construcción, el que más paro tiene en la comarca.

La decisión de acudir a la Justicia, destacan desde el equipo de Gobierno, que es fruto de una «reflexión serena» tratando de entender objetivamente las necesidades de otros pueblos para justificar que otras iniciativas salgan adelante y llegando a la conclusión de que «no existen criterios objetivos para el reparto». Ruiz recuerda que Puerto Serrano sufre, por desgracia, uno de los mayores porcentajes de demandantes de empleo de la Sierra que, a su vez, está a la cola de las comarcas de Cádiz, ésta de Andalucía y Andalucía de España.

La pérdida de empleos en la construcción, sobre todo en la Costa del Sol, los bajos precios en la agricultura y la caída de la oferta de trabajo en los productos de temporada, como la aceituna y la fresa, están lastrando la realidad social de la localidad, muy dependiente del ladrillo y el campo. Ante una coyuntura como esta, el regidor polichero asegura que «no podemos tolerar que las escasas fuentes de reparto de fondos para el empleo que hay, se repartan con criterios que no estén milimétricamente justificados».

Ruiz asegura que pueblos del entorno de Puerto Serrano, con menos parados tanto en términos absolutos como relativos, sí han recibido los apoyos del consejo comarcal y provincial, responsables de la decisión. Destacando que «nadie ha sido capaz de darnos una explicación al respecto y solo hemos recibido una comunicación ridículamente ambigua de la dirección provincial del SAE en la que no se aclaran los criterios que justifican las decisiones».

Para iniciar el proceso judicial, los servicios jurídicos del Ayuntamiento ya han interpuesto su correspondiente recurso contencioso para que «alguien, al menos, nos explique por qué estamos fuera y otros dentro», aseguró el alcalde. Añadiendo que «nosotros creemos que los criterios que se emplean son subjetivos, personales y con un cargado matiz político».