El Ayuntamiento de Cádiz reclamará a la SGAE lo pagado por el canon digital

Ni las empresas ni las administraciones públicas tienen por qué pagar el canon que grava la adquisición de equipos o aparatos de reproducción de libros, fotogramas y videogramas, así como de materiales de reproducción sonora, visual o audiovisual. Así lo ha dictaminado el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, con lo que se tumba, aunque sólo en parte, el polémico canon digital que tanto ha enfrentado en los últimos meses a consumidores y autores.

Según esta sentencia, que se ciñe a lo admitido en el Derecho Comunitario, el canon sí es aplicable a los consumidores privados, que tendrán que seguir pagándolo cada vez que compren un CD, un DVD o un lápiz USB para almacenar datos.

Desde que esta sentencia se hiciera pública el pasado 21 de octubre las reacciones no han cesado. La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha anunciado que tras la sentencia contra el canon digital, el Gobierno buscará «una alternativa» junto a «los otros países europeos que se van a ver afectados» por el fallo judicial.

Por su parte, la SGAE y las entidades de propiedad intelectual, que se identifican como CopyEspaña, celebran que «la sentencia respalda el canon digital», ya que el Tribual Europeo reconoce que los autores tienen derecho a una «compensación equitativa» por la utilización de sus obras protegidas (sea esta demostrable o no).

Ahora le llega el turno de pronunciarse a las empresas y administraciones públicas que se han visto perjudicadas por haber estado abonando un pago que no les corresponde. El Ayuntamiento de Cádiz lo ha hecho de inmediato. Fue en la pasada Junta de Gobierno en la que el teniente de alcaldesa de Hacienda, José Blas Fernández, exponía las conclusiones extraídas del estudio de esta sentencia, destacando no sólo que durante años el Consistorio ha estado realizando un pago que en realidad no le correspondía, sino exponiendo la necesidad de reiterar al Gobierno de la Nación la exigencia de que modifique la Ley de Propiedad Intelectual vigente.

Acuerdos

José Blas Fernández anuncia en este sentido que los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento van a elaborar una reclamación a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual el canon digital que el Consistorio y sus entes dependientes hayan podido pagar conforme a los preceptos de la Ley que el Tribunal de Luxemburgo ha considerado contrarios al Derecho Comunitario. A tal efecto, se intentarán contabilizar los pagos realizados desde cada una de las delegaciones municipales, así como de las empresas públicas y organismos autónomos.

Anticipándose a la posibilidad de que las asociaciones de autores se nieguen a devolver las cantidades en el plazo que el Ayuntamiento estime oportuno, incluidos los intereses de demora, el concejal de Hacienda asegura que está dispuesto a reclamar las mismas a nivel judicial.

A priori parece complicado que los colectivos de creadores, con la SGAE a la cabeza, estén dispuestos a reembolsar a todas las empresas y administraciones el cobro ilegal realizado. Tanto es así, que tras conocer los términos de la decisión judicial, el protavoz de las entidades de gestión de derechos de autor y director Gerente de Copia Privada de EGEDA, Rafael Sánchez, declaraba que «no tiene sentido que se devuelvan cantidades del pasado». El representante de los autores lo argumenta diciendo que no conoce ninguna ley fiscal que diga: «me cargo la desgravación de las viviendas y lo aplico a los cinco años últimos y que esa retribución se le pida a los contribuyentes». De cualquier modo Sánchez asegura que está dispuesto a sentarse a dialogar y negociar con quien sea preciso.