El alcalde de Paterna José María Barrera y otros cargos municipales tendrán que enfrentarse a una querella que ayer fue admitida a trámite y que interpusieron los concejales del Grupo Mixto de la localidad. La querella en cuestión es contra el alcalde, el primer teniente de alcalde, el secretario municipal y un funcionario. Se les acusa de presunto delitos contra la Administración Pública recogidos en los artículos 404, 428 y 436 del Código Penal.
Según los denunciantes, los hechos que han motivado se remontan al 5 de Junio de 2008, cuando el alcalde, a petición del Alfonso Caravaca Morales, concejal de turismo y primer teniente de alcalde, y con la aprobación del secretario municipal, aprobó un Decreto de Alcaldía por el que se adquirían un conjunto de elementos para la obra cambio de farolas en la avenida Blas Infante del municipio.
Farolas bajo sospecha
Según reza en la denuncia la adjudicación de la compra se realizó a la entidad mercantil Electro Paterna S. L. U, de la que es administrador único un funcionario del ayuntamiento que a su vez es concuñado del concejal de turismo. La cantidad ascendía a 16.902,23 euros.
Pero, como se refleja en la denuncia, la cosa no quedó ahí. Al parecer, el mismo procedimiento se realizó en cinco ocasiones más: con fecha de 9 de junio otro decreto adjudicaba otra obra por 17.991,48 euros; el 11 de junio otro por 17.615,15 euros, el 13 del mismo mes un nuevo decreto por 17.420,39, el 17 por un valor de 16.068,20 euros y, el último, del 19 de junio también por 12.951,78 euros.
Según los denunciantes, ninguna de las cantidades superó los 18.000 euros para no tener que sacar a concurso la compra, «incumpliendo claramente la Ley de contratos del sector público», afirman.
Al respecto el Grupo Mixto recuerda: «en su día el portavoz del gobierno dijo, en un pleno ordinario, que esta manera de actuar era normal, y posteriormente por escrito dijeron que debido a la urgencia en la justificación de la subvención tuvo que ser adquirido conforme lo necesitaba la obra».
«Ante estos argumentos no se entienden diversas cosas, entre ellas; si estaba justificado legalmente el carácter urgente ¿por qué fraccionaron la compra?», se preguntan.
