Justicia trabada

El conflicto de competencia sobre la apertura de las fosas de la Guerra Civil que deberá resolver el Supremo habrá de zanjar un contencioso que, por sus particulares y sensibles características, no debería haber desembocado en semejante enredo jurídico. El Alto Tribunal tendrá que pronunciarse sobre a quién corresponde encargarse de las exhumaciones después de que dos juzgados de Granada y de Barcelona hayan devuelto la causa a la Audiencia Nacional, donde Baltasar Garzón incoó un procedimiento contra el franquismo por genocidio del que él mismo se inhibió y por el que ahora le investiga el propio Supremo por posible prevaricación. La transformación de las reivindicaciones de los familiares de los fusilados en un galimatías judicial constituye una negativa respuesta a la insatisfacción que les está provocando el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica; y, en concreto, el difuso compromiso de los distintos poderes públicos en la localización de los osarios y recuperación de los restos de los represaliados. Un galimatías que, lejos de favorecer los intereses de las víctimas, los está obstaculizando y que, en el caso de Granada, es inseparable del impacto que supondría la apertura de la fosa donde se encuentra el cuerpo del poeta Federico García Lorca. Es obvio que si la pretensión de Garzón, al convertir la causa de las fosas en una general sobre los crímenes del franquismo, era responder a las demandas de los afectados, su decisión no sólo se ha demostrado inviable por carecer de competencia, sino que ha trabado el proceso. Pero también ha puesto de manifiesto las disfunciones que puede acabar provocando la aplicación extensiva de los principios de la Justicia Universal, esgrimidos primero por el juez e invocados ahora por sus dos colegas para negar su competencia.