Vivienda viable

E l duro y brusco aterrizaje del sector inmobiliario en nutro país tiene unas consecuencias de tal envergadura sobre el tejido económico y laboral que resultan difíciles de soslayar por el Estado. El sostenimiento del que actuó durante una década como motor principal del milagro español constituye un objetivo ineludible por las implicaciones que ejerce sobre el empleo, la actividad y la estabilidad financiera en un país tan dependiente de la construcción. Pero ese objetivo sólo puede ser viable si se admiten, al tiempo y sin ambages, el agotamiento del sector tal y como veníamos conociéndolo y las limitaciones a las que se enfrenta no sólo para reacomodarse en un contexto tan inhóspito como el que depara la recesión, sino para poder recuperarse con el vigor demostrado hasta que el mercado dio síntomas de saturación. Por ello, la petición planteada ayer por Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) para que el Estado se responsabilice del stock de casi un millón de viviendas que están sin vender constituye una iniciativa entendible ante los fuertes apuros financieros que sufren parte de las empresas afectadas por la crisis; pero en ningún caso ajustada ni a la disponibilidad de recursos de las administraciones públicas, ni al rigor con que deben conducirse para conjugar la respuesta a dificultades concretas con el interés común. La inmediata negativa por parte del Gobierno cierra la puerta en principio a la iniciativa. Pero su formulación no sólo confirma el riesgo que se cierne sobre las constructoras, que suman 300.000 millones en créditos que han de cubrir con su actividad en franco declive. También sugiere una renuencia tanto a revisar las ambiciosas operaciones emprendidas en un pasado aún muy reciente, avaladas por la dinámica del mercado pero con una imprudente sobreexposición al riesgo, como a asumir que las consecuencias del estallido de la burbuja inmobiliaria van a estrechar las potencialidades del negocio. Y que será inevitable una mayor contracción de los precios para tratar de salvar las viviendas que no se venden. La caída hasta niveles de 2006, según los últimos datos del Gobierno, se antoja aún insuficiente para contener el desgaste de un sector acuciado por las restricciones crediticias y el aumento del paro. Pero que debe salir de esta crisis dando prueba de viabilidad real y duradera, y no convertido en el forzoso «fin social» al que aludieron ayer los promotores.