Servicios pendientes

L a decisión del Gobierno de revisar la distribución de los fondos a las comunidades autónomas destinados al desarrollo de la Ley de Dependencia, por la que el 80% seguirá ajustándose a criterios de población pero el 20% restante dependerá del número de beneficiarios que se hayan evaluado hasta el 1 de abril, introduce un requisito de eficacia necesario para progresar en la aplicación de una normativa cuyos resultados no responden por ahora a la ambición con que fue aprobada. Que el Ejecutivo central haya optado por un nuevo mecanismo, que viene a premiar a las autonomías que demuestren una mayor eficiencia en la identificación de las personas dependientes y en la asignación de los recursos disponibles, debería interpretarse por las administraciones concernidas como un estímulo para avanzar en la implantación de las ayudas y servicios contemplados en la ley. Un estímulo que interpela a la imprescindible corresponsabilidad de las distintas comunidades para acortar los plazos para la puesta en marcha de las previsiones legales. Pero que, por eso mismo, ha de concebirse como una medida temporal, dado que el avance hacia lo que se ha dado en llamar el cuarto pilar del Estado de Bienestar sólo será verdaderamente viable si la eficacia del sistema es estable y común. La propia adopción de la iniciativa, con la que Trinidad Jiménez se estrena como nueva ministra de Sanidad y Política Social, subraya las dificultades a las que se enfrenta una Ley cuya envergadura obliga a movilizar cuantiosos recursos públicos en una etapa caracterizada por las restricciones derivadas de la crisis. El Gobierno no puede obviar los efectos menguantes que está ejerciendo la recesión sobre los fondos con que cuentan las administraciones, aun cuando insista en reiterar sus compromisos en este terreno y presente la atención a los dependientes como un potencial elemento dinamizador del mercado laboral; como tampoco puede soslayar las disfunciones que puede plantear haber distinguido la financiación de esta ley del marco general de la financiación autonómica aún sin acuerdo. Sobre todo cuando se trata de escollos, trabas y carencias que inciden en el problema original que arrastra la concepción misma de la Ley, más orientada por el momento a procurar amparo económico a los ciudadanos dependientes y los familiares que cuidan de ellos que a garantizar la extensión de una red asistencial equiparable a otros servicios esenciales del Estado.